El turismo, la gastronomía y el comercio han sido algunas de las actividades económicas más golpeadas por el coronavirus, debido al cierre de locales.
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Según está establecido en la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, las patentes de alcoholes otorgadas a restaurantes, cafeterías botillerías, minimarkets y bares deben ser canceladas en los meses de enero y julio de cada año. El atraso en su pago significa su pérdida permanente.
Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera firmó un Decreto Supremo que faculta a los alcaldes a prorrogar el pago de la cuota de julio por una sola vez.
El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Juan Manuel Masferrer, explicó que los comerciantes que hayan sido afectados por la pandemia y que no hayan pagado este permiso al 31 de julio del presente año podrán solicitar a las municipalidades cancelarlas junto a los permisos de 2021: “Este decreto permite a cada uno de los alcaldes poder definir, en conjunto con el Concejo Municipal, la postergación de la patente de alcoholes hasta en dos cuotas iguales en enero y julio de 2021. Sin duda ellos son quienes mejor conocen su realidad local, por lo que esta es una muy buena noticia”.
En tanto, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, agregó que “junto con los esfuerzos que estamos haciendo para intentar mitigar los efectos de la pandemia, hemos estimado necesario y oportuno generar estas condiciones para darle un alivio a tanto comerciante, tanto empresario y emprendedor que ha sufrido los efectos del covid-19. Creemos que la reactivación del turismo va a colaborar fuertemente en la reactivación social y económica de todo el país”.
Hay que recordar que la Ley 21.207 -que rige desde enero con el fin de ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas- ya les permite a los alcaldes postergar la fecha de pago de otras patentes municipales, sin embargo esa norma no consideró aquellas materias relacionadas con las patentes de alcoholes, dado que su regulación se encuentra contenida en otra ley. Las patentes comerciales, en su conjunto, representan históricamente cerca del 23% de los ingresos propios permanentes de los 345 municipios del país.