Un viaje a la playa en estos convulsionados tiempos puede tener impensados costos. De hecho, la Fiscalía Oriente no se olvida de aquellos que, para en la ya lejana Semana Santa tuvieron la ocurrencia de ir a su “segunda vivienda” por vía aérea. Fueron formalizados hace un mes y medio, pero el proceso judicial sigue. Ahora, Valeria Gómez, persecutora de la fiscalía local de Las Condes, solicita 300 días de presidio para dos de los imputados, Christoph Kaufmann y su esposa Mica Lynn.
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Acusados de viajar a sus segundas viviendas en Semana Santa, infringiendo las medias sanitarias, el matrimonio salió desde Vitacura en el citado fin de semana largo, «según sus dichos, con el objeto de comprar un medicamento a una farmacia de turno ubicada en Avenida Ossandón, La Reina”, según indicara la fiscal en la formalización de cargos. Pese al permiso que portaban, el destino intermedio fue el Aeródromo Tobalaba, donde abordaron un helicóptero «de propiedad de la sociedad Aeroservicio Aninahue Spa, de la que forma parte el señor Kaufmann, siendo este último el piloto de la aeronave, y doña Mica Lynn la copiloto”, agregaba la Fiscalía el pasado 15 de junio en el trámite realizado telemáticamente.
En la aeronave se trasladaron «hasta el aeródromo de Zapallar, para desplazarse luego ambos a su segunda vivienda, en Cachagua, lugar en el que permanecen hasta 17 de Abril de 2020, en que regresan a las 13.50 horas por el mismo medio de transporte al aeródromo de Tobalaba». Además, el ente investigador aseguraba que la imputada obtuvo un permiso temporal, con el objetivo de comprar medicinas, «indicando su domicilio en Vitacura; origen Camino El Alba y destino aeródromo de Tobalaba, autorización ida y regreso para el 3 de Abril de 2020, entre 11.21 y 15.21, mientras que el señor Kaufmann no tenía permiso alguno».
Kaufmann y Lynn son los únicos dos imputados que se mantienen en proceso, toda vez que otros tres infractores de los cordones sanitarios establecidos en aquella época llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó, a fines de junio, la suspensión del procedimiento contra tres de los cinco imputados por el delito sanitario, a cambio del pago de 802 mil pesos a la corporación Amicam, vinculada al Hospital de Niños Luis Calvo Mackenna.
Así, el matrimonio de Katherine Bielefeldt y Cristián Cofré quedaron suspendidos del procedimiento a cambio de 500 mil pesos para el hospital, mientras que Christian Parra debe hacer lo propio, donando 302 mil pesos. A su vez, la mujer quedó con prohibición de volar en helicóptero por tres meses.
Pero la familia Kaufmann-Lynn optó por otro camino.
El proceso en contra de las personas involucradas en el llamado “Caso Helicópteros” sigue su curso. Y el castigo por violar las medidas sanitarias puede terminar siendo mucho peor que la cuarentena.
