Caso Ámbar: las cuestionadas determinaciones que dieron la libertad a Hugo Bustamante en 2016

Pese a estar condenado a 27 años por un doble homicidio, el presunto asesino de la joven de Villa Alemana accedió a beneficios carcelarios.

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Publimetro Chile
Por María Catalina Batarce L.

Hugo Bustamante, el hombre detenido por el homicidio de Ámbar Cornejo, actuó tal como lo predijo en medio de una entrevista que concedió en 2006 a Carlos Pinto. Podía volver a matar.

En 2005 fue condenado por el asesinato de su pareja de ese entonces y de su hijastro. En total, 27 años de cárcel. "No podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Pienso que no, pero también digo bueno, en un momento determinado exploté de esta manera, si frente a ciertos tipos de situaciones ¿explotaré nuevamente?", fue su reflexión ante las cámaras de TVN.

Utilizando sus propias palabras, y de acuerdo a los antecedentes que ha arrojado hasta ahora la investigación de la PDI, volvió a "explotar". Es apuntado como el autor material del homicidio de la joven de Villa Alemana, la hija de su actual pareja.

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La pareja de la madre de la joven tenía antecedentes por homicidio, en 2005 fue condenado a 27 años de cárcel, pero a los 11 salió en libertad condicional.

Desde el 29 de abril de 2016 Bustamante se encontraba en libertad condicional, por su buen comportamiento, por haber cumplido más de 10 años de la condena y pese a que Gendarmería había recomendado no concederle dicho beneficio.

La resolución fue adoptada por la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso, encabezada por la ministra Silvana Donoso. Esta instancia también fue integrada por Paula Ramos, Alonso Arancibia, Loreto León, Eduardo Saldivia y Verónica Barrera.

En ese entonces, la mencionada comisión otorgó 788 beneficios en el cumplimiento de condenas. Y el mismo año, Donoso aclaró por qué, en algunos casos, no se acogieron las recomendaciones de Gendarmería.

"Cualquier informe que emita Gendarmería, no es vinculante para la comisión (…) Los informes que eran desfavorables, eran desfavorables porque todavía no tenían bien conciencia de lo que iban a hacer en el medio libre, que no tenían grandes redes familiares, etc, no dicen relación con los requisitos legales. Gendarmería puede dar su opinión en términos que a su juicio la persona todavía no se encuentra bien preparada", dijo en octubre de 2016 la ministra Silvana Donoso, según se consigna en una nota de la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso.

Tal como se sostiene en la misma publicación, la ministra advirtió respecto de las falencias del sistema, resaltando que el mandato que tienen es revisar los antecedentes legales. Y de hecho, el 90% de los postulantes a la libertad condicional en la Región de Valparaíso en abril de ese año, accedió a ella.

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La fiscal señaló que "un supuesto perito ingresó al domicilio sin autorización de nadie". No es la primera vez que el programa tiene este tipo de problemas.

Ciertamente, en ese momento, Donoso no estaba justificando la liberación condicional de un interno en particular, ni muchos menos refiriéndose al caso de Hugo Bustamante. Sin embargo, que su nombre apareciera en la resolución que fijó la libertad del presunto asesino de Ámbar en 2016, sirvió para que cientos de usuarios en redes sociales condenaran su decisión.

En todo caso, que fuera una comisión integrada por magistrados la instancia decisiva en la revisión de libertades condicionales, se debe a una disposición adoptada durante el primer mandato de Sebastián Piñera. Previo a la reforma que se impulsó en ese entonces, eran los seremis de Justicia quienes debían aprobar las solicitudes. Con el cambios, las Comisiones de Libertades Condicionales se fortalecieron, tomando un rol preponderante.

Entonces, este tipo de solicitudes no pasan por las manos del gobierno. Y ese dato es importante porque también, a raíz de la noticia de la muerte de Ámbar, se divulgaron antecedentes referentes a que Bustamente habría sido indultado por la Presidenta Michelle Bachelet, lo que no fue así.

De todas formas, hay que tener a la vista una reforma que se aprobó en 2019 sobre las libertades condicionales, y la cual endureció los criterios bajo los cuales un interno puede acceder a beneficios. Por ejemplo, se estableció que el reo debe haber cumplido al menos la mitad de la condena.

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