El desafío nacional de proteger a las víctimas de delitos sexuales

Según los datos de la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Desde el año 2000 que, los 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sin embargo, las agresiones no han hecho más que aumentar.

En ese contexto, y cuando casos como el de Antonia Barra y Ámbar Cornejo remecen a la sociedad, autoridades han reactivado la discusión respecto de la importancia de robustecer el sistema. Y no sólo buscando aumentar las sanciones, sino que también para hacer cambios estructurales que signifiquen abandonar una lógica discriminatoria.

Así, en el Congreso se busca avanzar en la ampliación de la Ley Gabriela, en la modificación del Código Penal para introducir lo referente al consentimiento, en la imprescriptibilidad de estos delitos, y en una ley integral para erradicar la violencia, entre otros. Asimismo, el Gobierno ha decidido poner urgencia a la iniciativa que excluye del beneficio de rebaja de condenas a quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

«No es posible que haya duda sobre si una mujer quiere o no tener sexo. No es posible que nos estemos relacionando sexoafectivamente de manera tan tóxica que pasarse de copas, por ejemplo, conlleve el riesgo de una violación. Vivimos enseñándole a las niñas cómo cuidarse y protegerse, pero es hora de enseñarle a los varones relacionarse de manera más sana», dijo la diputada Camila Vallejo (PC), autora del proyecto sobre consentimiento.

Avanzar en mecanismo de prevención, a juicio de la senadora Marcela Sabat (RN), autora de la «Ley Antonia», es esencial. «La violencia de género se combate con cambios culturales. Si bien lo punitivo colabora, creemos que no puede ser lo único. Tenemos que evitar la revictimización de las víctimas, acompañar a las familias, formar jueces y aumentar los plazos de la prescripción», aseveró.

En el mismo sentido, Gonzalo Fuenzalida (RN), quien se sumó a sus colegas en la presentación de dicha ley, sostuvo que “esperamos que nunca más un juez envíe un violador a su casa porque  los delitos que investiga se olvidaron, envejeciendo y silenciaron a las víctimas”.

Y es que el rol de los jueces es trascendental. Como plantea la abogada María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y de la Clínica Jurídica de la PUC, también es necesario que a la hora de juzgar aquellos delitos exista un enfoque de género y se valore de manera adecuada el material probatorio, atendiendo la fenomenología de estos crímenes. Esto, explicó, porque en muchos casos no hay una aplicación directa de fuerza para cometer el abuso.

«Más pena yo creo que es igual a más absolución. Si se obliga al juez a que en el evento de que condene tenga que poner una pena mayor, va a estar tentado a absolver», manifestó.

En el mismo tono, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, indicó que la normativa funciona bien o mal dependiendo de quien la aplique. Si bien cree que pueden existir mejoras en cuenta a la negación de beneficios, sostuvo que «siempre hay un grado de discrecionalidad respecto del juez que resuelve. Uno aspira a que siempre tengan en primer lugar a la víctima, la protección de la sociedad y la naturaleza del hecho. Si eso se trabaja bien, la norma debería bastar».

La promesa de una Ley de Violencia Integral

Considerando que la mayoría de las violaciones y abusos sexuales afectan a mujeres, y a que diferentes académicos reconocen que hay una debilidad institucional en la materia, se ha estimado necesario avanzar en una ley integral. Y en el Gobierno, dicen estar comprometidos.

Recientemente, en razón de los brutales casos que se han conocido, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Monica Zalaquett, ha dicho que “tenemos que avanzar a entender que una mujer víctima no es culpable de ser agredida”. Asimismo, insiste en que se debe apurar la tramitación de una ley integral, pues aún persiste  la lógica de una sociedad patriarcal y machista, donde el rol de la mujer es desplazado.

“Debemos avanzar en un cambio cultural que nos permita construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Pero esa transformación no podemos hacerla solas, necesitamos que el Estado en su conjunto se comprometa con este objetivo y por eso hay cambios legales que son necesarios”, sostuvo.

El proyecto en cuestión faculta al SernamEG para querellarse en casos de violencia contra las mujeres sin contar con el patrocinio de la víctima o sus familiares. Además, impide que jueces consideren la vida anterior de una víctima para fallar respecto de un imputado por violencia o abuso sexual. «Por eso mi llamado al Congreso es que avancemos lo más rápido posible en sacar adelante esta legislación para dar mayor protección a las mujeres chilenas», subrayó.