«Está muy débil. Está con palpitaciones muy suaves, está con problemas respiratorios, ha tenido mareos y caídas. Obviamente después de 100 días en huelga hambre está muy frágil». Así describe el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), el estado en el que se encuentra el machi Celestino Córdova.
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Pese a eso, su vocera, Cristina Romo, anunció que si no se da respuesta a todo el petitorio de los “presos mapuche”, el machi iniciará una “huelga de hambre seca” (es decir, sin consumir agua), con lo que su deceso sería inminente, pues ya completó 102 días sin comer.
Aunque los cercanos a Córdova y miembros del gobierno dicen estar dispuestos a encontrar un acuerdo al conflicto, la relación sigue siendo como la del agua y el aceite. Por una parte, quienes están con el machi y defienden la reivindicación territorial, exigen que pueda terminar la condena en su rewe, mientras que las autoridades recalcan que la legislación no lo permite.
Ambos sectores apelan a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, pero ciertamente con interpretaciones opuestas. «Nosotros no vamos a pasar por arriba del Estado de derecho”, dijo al respecto el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, haciendo referencia al fallo de la Corte Suprema -conocido ayer- en el que se rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Córdova.
Y lo mismo argumentó el titular de Justicia, Hernán Larraín: “Debemos seguir conversando para resolver su inquietud. Nos preocupa su salud y su vida. Seguiremos conversando y proponiendo soluciones que, dentro del ámbito de nuestras competencias, permitan atender sus requerimientos. Esperamos que eso sea satisfactorio”.
Si bien Renato González, defensor regional de La Araucanía, sostuvo que aún hay instancias judiciales a las cuales pueden acudir para obtener la libertad, dirigentes y representantes mapuche prefieren apelar a la voluntad de los ministros y del propio Presidente. A una salida alternativa, no a un fallo. “Con esto se está condenando al machi a morir (…) Aquí el principal responsable es el Estado y este Gobierno, por la falta de humanidad para tomar una medida administrativa perfectamente posible”, dijo la diputada Emilia Nuyado (PS).
En los mismos términos, Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y quien llegó ayer a visitar al machi, manifestó que si bien el fallo de la Corte puede suponer un revés para la causa de Córdova, no puede suspender el diálogo ni detener la implementación del Convenio 169.
Dada la relevancia de la situación, el Presidente Sebastián Piñera también intervino: “Estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre y lo vamos a hacer siempre respetando nuestras leyes”.
