Juan Collío fue formalizado por abuso sexual reiterado en contra de menor de 14 años. La hermana de la niña -ambas nietas de la esposa del imputado- grabó un video que dio cuenta de los hechos y lo subió a TikTok. Collío fue detenido y quedó en prisión preventiva, por peligro de fuga. Sin embargo, previo pago de una fianza de $4 millones, quedó libre. El Tribunal no lo consideró un «peligro para la sociedad».
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Nuevamente vuelve a estar sobre la mesa el debate respecto de si hay garantías para las víctimas de delitos sexuales. Y según datos de la Fiscalía, estos delitos no son pocos. El primer semestre se recepcionaron 13.057 denuncia por delitos sexuales. En todo 2019, 32.510.
«No compartimos para nada la decisión del Tribunal (…) Ha incurrido en una equivocación en interpretar que la libertad del imputado sólo es peligrosa en el sentido de que se puede fugar», dijo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, junto con confirmar la presentación de una querella en contra Collío.
¿Pero hay sólo un problema de interpretación? Para Yoselin Fernández, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, «falla todo». Que la violencia esté más desnaturalizada, los casos sean más visibles, y se conozcan hechos dramáticos, comentó a Publimetro, ha dejado de manifiesto «el sesgo machista y patriarcal que existe a nivel estructural». Aseguró que no sólo los Tribunales caen en esto, sino que también las policías y los fiscales.
La solución, a juicio de Fernández, el Estado debe aplicar normas y tratados internacionales que dan resguardo a mujeres, pero también sentar las bases para un cambio cultural profundo, que impida que la violencia se reproduzca. Ahí, es central la educación.
Y el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, coincide en la variante cultural. «No sé porqué, que un víctima de robo señale al responsable, da un estándar suficiente para condenar. En delitos sexuales cuesta mucho más. Los jueces piden pericias, una serie de elementos que no se piden en otros delitos y que muchas veces cuesta mucho obtener. Hay que creerle más a las víctimas, tiene que haber una reforma de mentalidad», comentó a este medio.
Acreditar un abuso
Ymay Ortiz, Directora de la Unidad Especializada DD.HH., Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, abordó la problemática de corroborar la existencia de delitos ante un tribunal.
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– ¿Cómo se enfrenta la necesidad de contar con medio probatorios?
Probar efectivamente los delitos sexuales, tiene la complejidad de que normalmente ocurren en espacio íntimos. La mayoría de los abusadores son conocidos por sus víctimas. Contrario a lo que cree el sentido común, muchos de los abusos, incluso las violaciones, no dejan lesiones. El gran desafío de la Fiscalía es construir un caso, muchas veces, sólo con el testimonio de la víctima. Junto a eso, uno puede sumar indicios, por eso es importante una capacitación especializada. Hay elementos que corroboran que la víctima está diciendo la verdad.
-¿Qué elementos inciden en que un tribunal pueda fijar una medida cautelar más o menos gravosa?
El Código Penal establece cuándo concurre la prisión preventiva, que es en principio excepcional, porque es contraria al principio inocencia. Se establece cuando la libertad constituye un peligro para la víctima, la sociedad y/o la investigación. Al mismo tiempo hay criterios objetivos de la peligrosidad para la sociedad. Uno tiene que ver con la pena asignada al delito, las condiciones en que se comete el delito, el grado de participación, cuántos delitos se le imputan, si tiene procesos pendientes, entre otros. La fianza no se permite cuando hay peligro para la víctima o la sociedad, sólo cuando se acredita el peligro de fuga.
-¿Comparten el reproche social que hay frente a estas situaciones?
Nosotros realizamos un trabajo por mandato Constitucional y estamos obligados a ciertos principios, como el de objetividad. Para el Ministerio Público los delitos sexuales constituyen una prioridad, por lo tanto, se invierten muchos recursos, tanto humanos como presupuestarios. Estamos abocados a transmitir conocimientos. La Fiscalía está obligada a investigar con igual celo aquello que es necesario para imputar un delito, como aquellos antecedentes que eventualmente podrían exculpar a un imputado.
Congreso contra abusos
Desde el Congreso no quedaron indiferentes a los últimos casos conocidos. «Ya no pueden volver a suceder. No podemos como sociedad llegar tarde a todo, y por eso, es fundamental que los jueces tengan más criterio y razonabilidad», dijo a Publimetro Camila Flores (RN).
«Es fundamental que el Gobierno ponga suma urgencia a los proyectos de ley que buscan perfeccionar nuestra legislación en esta materia. Por ejemplo, legislar sobre la iniciativa de ley «Justicia para Antonia», que busca mejorar la protección a víctimas de delitos sexuales. Tenemos que decir un nunca más y basta con los delitos sexuales y asesinatos a nuestras mujeres», agregó la diputada.
