El destierro forzado de miles de chilenos fue otro de los episodios que dejó secuelas sociales dolorosas tras el Golpe de Estado de 1973.
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El exilio político durante la dictadura de Augusto Pinochet significó la expatriación masiva -algunos registros lo cifran en 300 mil-, de manera forzada o voluntaria, de personas afines o militantes de izquierda y sus familias, producido entre 1973 y 1990 hacia los países que les otorgaron asilo político.
Como parte de las medidas discriminatorias aplicadas por la dictadura militar se contemplaba la expulsión y la prohibición de ingreso al país, tanto de chilenos como extranjeros, de pensamientos de izquierda o contrarios al régimen.
Los chilenos restringidos de ingresar al territorio nacional se encontraban expuestos a sanciones si intentaban hacerlo –como cancelación del pasaporte y pérdida de la ciudadanía- al ser considerado como una entrada ilegal, de acuerdo al Decreto Ley 604 del 10 de agosto de 1974.
De esta forma, y con la finalidad de vigilar el tránsito en el extranjero así como el ingreso no autorizado a Chile, la oficina de Extranjería del Ministerio del Interior colocaba una letra “L”-de limitación al ingreso-, a los pasaportes y documentos consulares que los chilenos obtuviesen en el extranjero.
El 1 de septiembre de 1988, por medio de un decreto del Ministerio del Interior, el Gobierno puso fin al exilio: “Déjense sin efecto todos los decretos y decretos supremos exentos que, dictados en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 41 N° 4 de la Constitución Política de la República disponen la prohibición de ingreso al territorio nacional de las personas que en ellos se mencionan”.
En rigor, ello se produjo como parte del proceso de transición a la democracia, que derivó en la elección como Presidente de Patricio Aylwin.
