Nacional

Encuesta de violencia contra la mujer confirma alarmantes escenarios

Si bien se reconoce que ha aumentado la “conciencia” respecto de la violencia, desnaturalizándola, esta, de todas maneras, va al alza.

Con preocupación recibieron las autoridades los resultados de la IV Encuesta de Violencia contra las Mujeres. Porque si bien se reconoce que ha aumentado la «conciencia» respecto de la violencia, esta, de todas maneras, va al alza. De acuerdo con los datos informados por la ministra de Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, las mujeres que confirman haber sido violentadas durante algún momento de su vida pasaron de un 38,2% en 2017, a un 41,4% en 2020. Por eso la secretaria de Estado no sólo relevó la alianza existente con el Ministerio del Interior, sino que también reafirmó la importancia de reforzar los trabajos territoriales junto a los municipios.

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El indicador respecto de la violencia registrada el último año se mantiene estable (de 21% a 21,7%), lo que implica, según la cartera, «que hoy se visualizan vivencias del pasado como hechos de violencia. Se han dejado de naturalizar actos violentos». Pese a esto, las denuncias han mostrado una merma. Denuncias por violencia psicológica pasaron de 22,8% a 19%, por violencia física de 36,5% a 29% y por violencia sexual de 23% a 16,3%.

Aquello es considerado un escenario alarmante, al igual que la detección de la ocurrencia de violencia en espacios público. Este ítem presenta un aumento significativo, tanto en sus prevalencias vida, pasando de 25% a 46,9%, como año, que varía de 8,1% a 17,9%. La explicación, se indicó en la instancia, también se relaciona con la desnaturalización de los fenómenos, pero también con la «reivindicaciones de los derechos de las mujeres en escenarios cada vez más visibles».

«Es lamentable ver que no hemos sido capaces, todavía, de mitigar o erradicar esta conducta tan dolorosa y terrible (…) Como Gobierno tenemos tolerancia cero contra la violencia, y estamos articulando distintos programas para estar cada día más cerca de ustedes. Sepan que van a tener toda la protección», sostuvo la ministra Zalaquett.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió a la falta de confianza que explicaría parte de la baja en las denuncias, asegurando que «quienes se sientan víctimas de violencia, o sepan que otra mujer está siendo víctima, nos ayuden a conocer esos casos, porque eso es lo que nos permite tomar medidas a tiempo».

Desde el Congreso miran atentos las cifras y normativas tendientes a corregir este escenario. Y de hecho, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para abordar el aumento de mujeres desaparecidas, víctimas de violencia intrafamiliar, femicidios y delitos afines. Al respecto, la diputada Loreto Carvajal (PPD), integrante de la Comisión de Mujeres, sostuvo que «hoy los esfuerzos de todos los actores son para sancionar, pero no para evitar la violencia, para educar».

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«Mientras las políticas públicas no cuenten con enfoque de género, las distintas instituciones no funcionen con enfoque de género, no habrá avances, el enfoque de género tiene que permear todas las áreas de nuestra sociedad, de lo contrario seguiremos llegando tarde», agregó, subrayando que de todas formas se requiere una revisión de los protocolos de las policías y fiscalías.

Considerando aquello, el comisario José Contreras, jefe Plana Mayor de la Jefatura Nacional Contra Delitos Sexuales de la PDI, aseguró que «mejor forma de hacernos cargo de esto es enfrentarlo. Tenemos que revisar nuestros procesos e irlos mejorando. No podemos distanciarnos de los requerimientos de la gente. En ese sentido, especialmente la que yo represento, ha ido trabajando respecto de aquellas brechas y siempre tenemos que apuntar a mejorar nuestra atención. Tenemos que dar a conocer los procesos que tienen cada una de las instituciones para que también se atrevan a denunciar».

Delitos Sexuales

De acuerdo con un informe de las denuncias por delitos sexuales recepcionadas por la PDI durante le primer semestre, las víctimas se han concentrado en la población mayor de 18 años, en una proporción de 54%. No obstante lo anterior, en el delito de Abuso Sexual, con 1661 denuncias, la mayor frecuencia indica que el grupo de menor edad es más vulnerable a ser afectado por este tipo de delito en el país, con un 51%.

El informe de la institución, además, ratifica que las mujeres víctimas constituyen el grupo que registra mayor proporción de denuncias, alcanzando el 86 % de las denuncias.

Con respecto a las características de la agresión se observó que, de las 2.075 víctimas, el 51% (1.051) fueron agredidas por alguna figura con grado de parentesco ya sea por consanguineidad, afinidad o adopción. De estas 89,6% (942) corresponden a víctimas menores de edad y un 6,8% (72) corresponden a víctimas mayores de edad

Yoselin Fernández: «La negligencia institucional es tremenda»

Yoselin es vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, organización que ya cifra en 32 a las mujeres víctimas de femicidio.

Yoselin Fernández.

-¿Qué falla al ver estas cifras de violencia contra la mujer? 

Hay una incapacidad en el sistema de ofrecer asistencia concreta a las mujeres. Carabineros y el Ministerio anunciaron un alza respecto de los llamados para pedir ayuda, pero eso no se tradujo en denuncias. Falla la coordinación efectiva con Interior, como responsable de las policías, para que las denuncias se traduzcan en medidas de protección.

-¿Cómo se aborda la violencia en espacios públicos? 

Esto implica mayor conciencia de la violencia, a pesar de la tradición nefasta de mantener el problema de las mujeres como algo que sucede en la casa. Eso no es así y la encuesta lo ratifica, pero el Estado no se hace cargo y lo niega. No hay una política pública ni una concepción integral de la violencia que esté destinada a prevenir estos hechos. Hay tendencia a fragmentar la violencia.

-¿Qué le parece que las autoridades pidan confianza? 

Es muy irresponsable esa política de dejar en manos de las mujeres la responsabilidad de denunciar y concentrar los esfuerzos en aquello y en la sanción penal. Es muy poco lo que el Estado ha hecho. La sanción en ningún caso es la solución, sólo reduce un caso a un hecho puntual, sin dar cuenta de la dimensión estructural de este problema.

 

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