El gobierno español está proponiendo un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir una fundación que promueva el legado del general Francisco Franco, así como ofrecer reparaciones a las víctimas del difunto dictador, entre otros asuntos pendientes de larga data del pasado reciente del país.
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El anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática también busca allanar el camino para convertir el Valle de los Caídos —un mausoleo público que Franco ordenó construir y donde yacieron sus restos durante más de cuatro décadas— en un cementerio para víctimas de ambos lados de la Guerra Civil de 1936-39, dijo el martes la viceprimera ministra Carmen Calvo.
La ley ha sido una promesa electoral clave del líder socialista Pedro Sánchez, quien el año pasado completó durante su primer corto mandato como primer ministro la exhumación y reubicación de los restos de Franco a un pequeño cementerio en Madrid.
Ahora Sánchez está en una coalición con el partido de izquierda Unidas Podemos y su gabinete aprobó el martes el borrador del nuevo proyecto de ley. Se basa en una ley existente de 2007 que los familiares de las víctimas de la Guerra Civil de 1936-39 y la dictadura subsiguiente consideraban insuficiente.
Pueden pasar meses antes de que se modifique el borrador y de que la iniciativa pase por varios niveles de aprobación parlamentaria.
Uno de los aspectos más controvertidos es la prohibición de las organizaciones que se benefician de la financiación pública o de la reducción de impuestos mientras defienden el franquismo.
Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, dijo que el gobierno estaba tratando de desviar la atención de los problemas reales del país mediante este proyecto de ley.
«No es ya una cuestión de la ilegalización o lo que sea, sino la defensa de la libertad», dijo Chicharro, cuya fundación se constituyó en 1976 tras la muerte de Franco. «¿Por qué van a cercenar pensamientos libres recogidos por la constitución?», manifestó.
