Pagos en exceso por sobre los 200 millones de pesos a 42 altos funcionarios del Senado, actuales y otros ya retirados, fueron detectados por una auditoría cuyas conclusiones se encuentran en manos de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta desde el pasado 26 de agosto.
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De acuerdo a lo revelado por El Mercurio, en el pago en exceso que alcanzó una cifra de 208.913.576 pesos, entre enero de 2017 y febrero de 2020, hay tres «situaciones más urgentes». Aquellas son: «sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior; remuneraciones pagadas en exceso a 42 funcionarios de las categorías más altas del servicio entre enero de 2017 y febrero de 2020; y sistema de gestión de metas institucionales y colectivas (recursos públicos)».
Según el análisis hecho por el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna «el problema que causó el pago en exceso, tanto en sueldos líquidos como de impuesto a la renta, de 42 funcionarios», fue motivado por «la sobrestimación del complemento de jornada bruto por la no actualización de la tabla de impuestos por la que se estimaba».
«En la práctica, para evitar una merma en el sueldo líquido de 42 funcionarios, se estableció un pago adicional para cubrir los tributos, lo que les permitir la remuneración completa fuera de impuestos. La dificultad estuvo en que se sobrestimó el impuesto, por lo que se produjo un margen a favor», se explica.
En el informe se instruye «un sumario administrativo para determinar y/o descartar responsabilidades administrativas. Y se elevó una propuesta de modificación al reglamento de personal, para entregar al jefe de servicio la facultad de otorgar, por razones fundadas, facilidades de pago para el reintegro de pagos percibidos en el exceso».
«Sin cumplir formalidades»
Sobre la duplicidad de metas, se establece que «veintiuna (21) de las veintiocho (28) metas para el incentivo institucional son replicadas para configurar la totalidad de las metas colectivas de la corporación. Esto tergiversa el objetivo pretendido por la ley 19.553 de crear dos incentivos relacionados, pero distintos entre sí y que además poseen porcentajes diferentes de incremento remuneracional».
El problema radica en que el «sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior, sin cumplir formalidades respecto de los cuales se propone un mecanismo de regularización, a partir de dos estudios en derecho solicitados». Por lo mismo, el informe «recomienda que exista una regularización de todos los haberes que no están respaldados legalmente».
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Ante estas irregularidades, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, sostuvo que «estamos conociendo los resultados y contrastándolos con los funcionarios para ver qué acción seguir». Además, la parlamentaria PPD comentó que «es una auditoría que se realizó durante la presidencia del senador Quintana y recién ahora se están dando a conocer los resultados, las distintas conclusiones que se sacaron».
