La polémica entre la Contraloría y Carabineros no da tregua. El hecho de que la entidad que encabeza Jorge Bermúdez dispusiera el sumario que hoy tiene a siete generales activos con formulación de cargos administrativos, caló hondo: se les responsabiliza por el exceso de violencia en las manifestaciones
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El Ministerio del Interior, Carabineros y la defensa de los generales aludidos han dicho que el accionar del ente contralor no se ajustaría a la norma. En un comunicado, sin embargo, la propia Contraloría aclaró que la acción se funda en el artículo 98 de la Constitución, que le encarga el control de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que “el Contralor u otro funcionario facultado por aquél, podrá ordenar la instrucción de sumario”.
Agregan que Rozas sabía desde marzo de esta causa y que tenía “el deber legal de actuar”. Además, como reveló La Tercera, los instructores del sumario se habrían basado en las propias normas de Carabineros para actuar. Por ejemplo, en la circular Nº 1832, firmada por Rozas y despachada el 1 de marzo de 2019.
¿Qué acusa la Contraloría
El jueves 10 de septiembre Radio Biobío informó que la Contraloría había notificado a siete generales activos de Carabineros de que se habían levantado cargos en su contra, por eventual responsabilidad administrativa en procedimientos durante el estallido social. Como es de conocimiento público, el actuar policial suscitó una serie de denuncias por uso excesivo de las fuerzas y violaciones a los derechos humanos.
La disposición, detallaron desde Contraloría, se enmarca en un sumario que inició tras recibir un total de 457 denuncias anónimas de particulares y por parte de organismos de derechos humanos extranjeras. De acuerdo con datos aportados por la entidad, el procedimiento fue secreto en su etapa indagatoria, y hoy es reservado.
¿Quiénes son los acusados?
- Ricardo Yáñez, tercero al mando y jefe Nacional de Orden y Seguridad. Sería uno de los favoritos para suceder a Mario Rozas, actual general director.
- Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales.
- Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana.
- Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este.
- Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste.
- Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso.
- Jean Camus, director de Logística.
¿Qué dice Carabineros?
Desde el minuto uno Carabineros tildó el accionar de Contraloría como «lamentable» y «dañino». Consideraron que con esto se buscaría inhibir el accionar policial y que no hay responsabilidad de los mandos. En ese contexto, el general director se refirió a los hechos citando a «medios de comunicación»: «En el último tiempo hay muchos estrategas policiales y eso atenta a lo que estamos desarrollando». En el mismo tono, agradeció el respaldo del gobierno «y de la gente de bien». «Todo nuestro despliegue de control y de prevención desde octubre a la fecha ha sido en situaciones muy adversas», sinceró.
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La defensa de parte de los acusado, además, insistió en que «tenemos la íntima convicción de que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas».
Desde el gobierno hay un respaldo cerrado. «Creemos que esas acciones que ellos desarrollaron están dentro del marco de la ley (…) Estamos seguros que los cargos que ha hecho llegar la Contraloría van a ser desvirtuados», sostuvo al respecto el ministro del Interior, Víctor Pérez.
¿Qué sanciones arriesgan?
De acuerdo con el curso que deben seguir este tipo de procesos, y considerando que el sumario está en etapa de formulación de cargos, los acusados deben responder a la imputación. Luego, en la etapa «vista fiscal», esas respuestas deberán ser analizadas y la Contraloría deberá proponer sanciones al jefe superior de servicio, o sea, al general director Mario Rozas. Él, debe enviar una justificación de la decisión que adopte a Contraloría, la que a su vez podrá insistir en medidas más o menos gravosas. Esa decisión, de todas formas, deberá ser visada por el Presidente.
Las sanciones van desde una amonestación a la hoja de vida o hasta darlo de baja de la institución. Además, los antecedentes pueden servir de insumos para las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público, pero no son vinculantes.
¿Qué pasa si se declara «ilegal» actuar de Contraloría?
Según abogados que representan a los generales, el actuar de la Contraloría es «ilegal», ya que trata temas que son de conocimiento «exclusivo y excluyente» del general director, «todo ello de acuerdo a la LOC que los regula y los reglamentos respectivos». Agregan que se están levantando cargos administrativos «por un tema que en realidad corresponde a responsabilidades penales».
Bajo esos antecedentes, podrían presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones alegando la vulneración de garantías constitucionales. El tribunal de alzada podrá ratificar o dejar sin efecto el proceso. Asimismo, si los involucrados estiman que en medio del sumario se apelaron a normas que consideran ilegales, podrían recurrir al Tribunal Constitucional, entidad que podría suprimir la aludida.
