Hasta seis antiguos ministros de Asuntos Exteriores de Brasil han condenado la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a las instalaciones en Roraima, en la frontera con Venezuela, pues supone un «uso espurio del territorio nacional» con el fin de utilizar al país «como plataforma de provocación y hostilidad con una nación vecina».
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La nota ha sido firmada, entre otros, por los antiguos responsables de Exteriores, Fernando Henrique Cardoso (1992-1993) –quien también fue presidente de Brasil entre 1995 y 2002–, Francisco Rezek (1990-1992), o más recientemente Aloysio Nunes (2017-2019); para apoyar las críticas lanzadas el pasado viernes por el presidente del Congreso, Rodrigo Maia, sobre las intenciones de la visita de Pompeo.
Maia aseguró que la vista de Pompeo a las instalaciones de la conocida como ‘Operación Acogida’, que recibe a los migrantes venezolanos que llegan a Brasil a través de la frontera norte, «es una afrenta a las tradiciones de autonomía» de la política exterior brasileña.
En ese sentido, el presidente del Congreso acusó al Gobierno de Washington de llevar a cabo una acción alejada de las buenas prácticas diplomáticas, pues su único objetivo con esta visita es intentar lograr el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.
La nota emitida por estos altos cargos ha reafirmado su apoyo a las palabras de Maia y ha asegurado que el presidente del Congreso, «como representante del órgano supremo de la voluntad popular», tan sólo «puso voz a los sentimientos del pueblo brasileño».
«Tenemos la obligación de garantizar la estabilidad de las fronteras y la convivencia pacífica y respetuosa con nuestros vecinos, pilares de la soberanía y la defensa», reza la nota, la cual también ha contado con las rúbricas de otros altos cargos de antiguos gobiernos brasileños, como el que fuera ministro de Hacienda Rubens Ricupero (1994-1995), quien además se desempeñó como embajador en Estados Unidos e Italia.
El comunicado concluye con la petición a ambas cámaras del Congreso y al Tribunal Supremo para que ejerzan sus «atribuciones constitucionales» para asegurar que la política exterior brasileña «obedezca estrictamente en espíritu y letra a los principios enunciados en el Artículo 4 de la Carta Magna».
