Hace unos días, Francisco Jorquera, un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, denunció una violenta agresión por parte de un trabajador de una empresa de cobranza que fue hasta su domicilio por una deuda de 300 mil pesos que el joven mantiene con la casa de estudios.
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Tras los hechos, la empresa Remesa anunció que desvinculó al trabajador y lamentó los hechos detallando que «lo que muestra el video no es parte del protocolo y procedimientos de nuestra empresa y no se identifica con el espíritu de trabajo de ésta».
Desde la empresa precisaron que el involucrado era «un ‘verificador de domicilio’ que desconoce la deuda» y cuyo objetivo solo era chequear que el deudor vive ahí.
Según la empresa “en el caso en cuestión, se cumplieron todos los protocolos y procedimientos, se verificó domicilio, se asistió a la dirección registrada por el estudiante, durante día y hora hábil, preguntando directamente por él, para informarle personalmente la existencia de una deuda. Esta acción obedece a que nunca fue posible contactarlo telefónicamente, existiendo registro de ello«.
En relación al incidente del estudiante de la Universidad con un trabajador de la empresa de cobranza externa, es de interés de la institución aclarar algunos aspectos: pic.twitter.com/vvo6DJXpS4
— U. Andrés Bello (@uandresbello) September 23, 2020
En tanto, desde la Universidad Andrés Bello indicaron mediante un comunicado la decisión de «poner fin a la relación contractual con la empresa de cobranza Remesa y se encuentra evaluando todas (las) acciones legales correspondientes para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir».
Además, señalaron que «el respeto por nuestros alumnos y cualquier miembro de nuestra comunidad es parte fundamental de la institución (…) por lo que rechazamos categóricamente cualquier procedimiento contrario a estos principios«.
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Por su parte, la Superintendencia de Educación Superior ofició a la UNAB por la agresión. El superintendente, Jorge Avilés aseguró que han solicitado «primero, la copia del contrato de prestación de servicios celebrados entre la universidad y la empresa de cobranza involucrada; luego, un informe que contenga las acciones adoptadas por la institución, para conocer los detalles del incidente mencionado, y para evitar que esto siga ocurriendo en el futuro, porque podría llegar a afectar a otro estudiante».
Gentileza Chilevisión Noticias
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