La compra presuntamente fraudulenta de terrenos que serían destinados a infraestructura deportiva -en canchas y complejos deportivos-, fueron el detonante de la acusación que provocó la renuncia de la intendenta de Coquimbo y la investigación ordenada por la Fiscalía Nacional en contra de la ex autoridad de la Cuarta Región. El contrato respectivo por una propiedad sobrevalorada en 9.800 millones de pesos no pasó por el trámite de la toma de razón de la Contralía, lo que generó la denuncia de ese organismo.
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El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo -dirigida hasta este sábado por Lucía Pinto (UDI)– debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, pese a que su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
La determinación adoptada por Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
De acuerdo a los antecedentes entregados por la Radio Bío Bío, el documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto ese documentoo como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.
