El rechazo del Senado al artículo que habilitaba la “permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales” para los migrantes que llegan al país, fue un verdadero alivio para La Moneda. “Hemos logrado convencer a la gran mayoría de los senadores de la inconveniencia de esta indicación”, sostuvo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli tras participar del debate de la ley sobre migraciones y extrantejería.
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El Gobierno, que consideraba esa norma una suerte de visa de “turismo laboral”, ha urgido al Congreso para conformar una legislación “moderna que se haga cargo del fenómeno de la migración”, pero aún hay varias dificultades que deberá enfrentar. Por ejemplo, la disposición transitoria que propone una nueva regulación extraordinaria, hasta 90 días después de aprobada la Ley. Según el Ejecutivo, esa indicación, también presentada por la oposición, produjo un “efecto llamada” que aumentó los ingresos clandestinos al país.
De acuerdo con datos de Interior, entre enero y agosto de este año se contabilizan 5.147 ingresos clandestinos, y entre julio y agosto, los casos pasaron de 764 a 1.198, siendo la mayoría (868) ciudadanos venezolanos. Ante estos antecedentes, Galli hizo patente su llamado a los parlamentarios a que la rechacen, “pues da señales que nosotros creemos incorrectas”.
A juicio de la autoridad, esto da la sensación de que habrá una “ventana” para quienes ingresen de manera irregular. “Aquellas personas que ingresan por un paso no habilitado cometen un delito y se van a iniciar procesos de expulsión”, sostuvo.
Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos. Para el abogado Tomás Pascual, Jefe de la Unidad de DD.HH. de la Defensoría Penal Pública, este tipo de disposiciones han estado en muchos procesos de países que actualizan sus legislaciones y que se condicen con la entrada en vigor de un nuevo cuerpo normativo.
El aumento de la migración clandestina, a su juicio, obedece a la “exigencia de requisitos excepcionales para que determinadas personas ingresen, como la visa consular a los venezolanos”.
Si bien el abogado reconoce que la nueva normativa, insiste en que hay puntos pendientes, como la habilitación de procesos de expulsión que respeten las garantías y mejorar lo referente a la tramitación de visas de trabajo en su país de origen.
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En el mismo tono, el impulsor de las polémicas indicaciones, senador Juan Ignacio Latorre (RD), pidió avanzar en un cuerpo legal acorde al siglo XXI, eliminando los prejuicios y sesgos racistas que a su entender han primado en el Gobierno.
Una vez que el proyecto culmine hoy su tramitación en el Senado, regresará a la Cámara y desde ya los diferentes sectores prevén la conformación de una Comisión Mixta para zanjar los puntos pendientes e insistir en la inclusión de algunas materias que se consideran esenciales
Julián Guzmán: «No tener documentos en Chile implica una vida precaria»
Vocero Mesa Nacional Migrantes y Refugiados.
¿Cómo analizan el proyecto que se discute en el Congreso?
Nosotros deseamos que se apruebe, por una necesidad que tiene la comunidad migrante en general. Hay una ley que es totalmente ambigua.
¿Están conformes con el diseño de la nueva normativa?
No todo va a salir perfecto. Creemos que es bueno que exista una visa consular para la búsqueda de oportunidades laborales, porque se va a permitir ingresar por vías regulares, y todos sabemos que no tener documentos en Chile implica una vida precaria.
¿Consideran importante que se permita un nuevo periodo de regulación?
Estamos de acuerdo con la regularización, siempre que tenga una fecha precisa y clara. Es real el “efecto llamada”, pero se ataca explicando cómo es el proceso mismo, que no es nada de fácil.
¿Es confusa la información que se entrega?
Falta un trabajo del Estado, pero también de parte de la sociedad civil. Migrar es un derecho, pero hay que ejercerlo en base a las reglas.
