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La oficina sudamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que administra la expresidenta Michelle Bachelet, emplazó duramente al Gobierno y aseguró que es preocupante «el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad» tras el caso del joven lanzado al río Mapocho por un funcionario de Carabineros el pasado viernes.
Por medio de una declaración pública, titulada «Chile: ONU Derechos Humanos pide rendición de cuentas por actuación policial», el representante de la oficina, Jan Jarab, señaló que «es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles», donde destaca que «las y los rescatistas civiles merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena».
En un duro emplazamiento a las autoridades chilenas, la oficina de la ONU plantea que el caso ocurrido el viernes «no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional, como el la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, e incluso después de estos informes».
En esa línea, el representante de la oficina asegura que «preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas».
De paso, el comunicado de la oficina de la ONU plantea que «se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles».
Y cierra: «Además se necesita abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social. El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación«.
