Una nueva arista surgio tras la polémica generada el último viernes, cuando el Servicio de Impuestos Internos, SII, denunció que 437.703 trabajadores dependientes que recibieron el Bono Clase Media de $500.000 no cumplieron con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus ingresos debido a la crisis económica producto del coronavirus.
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El SII detalló que 400.603 son personas del sector privado y que 37.100 son funcionarios estatales. Los recursos fiscales involucrados son 256 millones de dólares, y tendrán que ser devueltos.
Ayer, la Asociación Nacional de Funcionarios del SII atribuyó en un comunicado público a «problemas de información disponible en el servicio» el hecho de que esos trabajadores obtuvieran el beneficio declarando un monto menor al real en sus ingresos de julio.
La agrupación criticó la implementación del sistema para el pago del bono por parte del Ministerio de Hacienda y del propio SII.
Declaración Pública Asociacion Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos ANEIICH respecto a la polémica por el Bono Clase media: @anefchile @Cutchile @adnradiochile @biobio @Cooperativa @CNNChile pic.twitter.com/n6rgzakapf
— aneiich (@aneiich) October 5, 2020
«Lamentamos profundamente que nuestro Servicio se vea envuelto una vez más en polémicas por temas que no guadan relación con nuestro rol institucional, derivadas de decisiones políticas que se alejan del enfoque técnico que nos caracteriza. Esto tiene su origen en la improvisación del ministro de Hacienda (Ignacio Briones) y el director del SII (Fernando Barraza), quienes definieron e implementaron este beneficio en forma apresurada, sin ningún tipo de análisis de factibilidad previo. Esta acción irresponsable e irreflexiva agravó aún más el alto nivel de desgaste que enfrentamos», dice el texto.
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La Asociación pidió que prime el «principio de buena fe», y agrega que «nos parece un doble estándar inaceptable que se aplique este principio sólo a las empresas y grandes contribuyentes. El SII solo puede afirmar que existen inconsistencias, pero no que exista dolo o que se declaró maliciosamente».
El comunicado señala que los trabajadores del Estado recibieron el bono por tres razones: porque la ley no los excluye expresamente, por los parámetros usados para los requisitos, y porque debido a los cortes presupuestarios a nadie se le está pagando horas extra.
Desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, dos de sus miembros opinaron distinto:
«Quienes cobraron el bono sin cumplir requisitos deberían restituirlo. Es algo grave para investigar, pero el aparato público debió discriminar los casos que no calificaban”, dijo Eduardo Durán, de Renovación Nacional.
Alejandra Sepúlveda, de la Federación Regionalista Verde Social, llamó a «ser cuidadosos y no adelantar juicios, ir a la caza de personas o hablar de fraude. Esperaría para escuchar las justificaciones».
HAY PENAS DE CÁRCEL SI NO SE DEVUELVE EL DINERO
El SII se contactará con quienes deben devolver el bono, y los afectados podrán aportar antecedentes para acreditar situaciones no contempladas en el proceso de adjudicación.
Fue establecido un sistema para devolver el bono hasta el 30 de noviembre, sin reajustes, multas ni intereses. El trámite será en una plataforma web de la Tesorería General de la República.
Si la persona retiene el dinero, se arriesga a lo que estipula la ley 21.252: reclusión menor en su grado mínimo a medio, o sea, desde 541 días a 3 años y un día.
ANEF: «NO AVALAMOS MALAS PRÁCTICAS NI CONDENAMOS A PRIORI»
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, sostuvo que «quedaron demostrados el mal diseño y la improvisación de este beneficio por parte del Ministerio de Hacienda y del SII. Fue una acción irresponsable e irreflexiva para salir al paso del avance legislativo del retiro del 10% desde las AFPs, que al final se concretó para ir en ayuda de la gente».
Sobre los 37.100 funcionarios estatales que aparecieron en la lista del SII, el dirigente gremial puntualizó que «se acusa de falta a la fe pública a esos trabajadores, pero no se puede condenar a priori. Creemos en la presunción de inocencia y en que no ha habido abusos. Hicimos el 4 de agosto un llamado a que nuestra gente no pidiera ese dinero, por lo que no estamos dispuestos a avalar malas prácticas, pero insisto que tampoco vamos a apuntar con el dedo a alguien».
