A través de un escrito presentado ante la Corte Suprema, las defensas del Presidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich y Paula Daza, pidieron que se revoque la determinación del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que permitían a la Fiscalía acceder a correos de las autoridades y realizar registros en dependencias del Minsal.
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En el escrito de 34 páginas, entre otros elementos, los abogados argumentan que en la investigación hay rasgos de «persecución ideologizada» y falta de «objetividad».
«Desde un inicio de la investigación el Ministerio Público dio cuenta de este sesgo al punto que estos apoderados pusimos en conocimiento del Fiscal Nacional Jorge Abbott la situación, sin que éste adoptara las medidas pertinentes y necesarias que aseguraran el debido proceso en esta fase preliminar de la indagatoria», se indica.
Al igual que como lo hizo el ministro de Salud, Enrique Paris, los abogados abordaron las razones por las cuales la solicitud del fiscal Marcelo Carrasco no correspondería, por cuanto «dicha diligencia no resulta necesaria para el éxito de la investigación».
«Si el criterio para fundamentarlas fuere la mera “necesidad del ente persecutor de acreditar los hechos” la normativa procesal podría derogarse y dejar entregado al arbitrio de cada Fiscal, cuando, cómo y donde llevar adelante estas medidas. ¡Huelgan comentarios!», exponen.
A juicio de los juristas: «los presupuestos fácticos que el Ministerio Público provee como sustento son meras elucubraciones».
Y agregan que «no sólo la diligencia de incautación resulta carente de límites razonables y excesiva, sino que derechamente la investigación se sostiene sobre hechos atípicos. El Ministerio Público no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito. Se ha limitado torcida y fraccionadamente a reproducir las síntesis de algunas declaraciones, que en su conjunto no refieren lo que el Fiscal pretende. El caso de la declaración 6 de la fundadora del DEIS es paradigmático».
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Las partes no se guardaron nada, y aseguraron que el Ministerio Público ha acompañado declaraciones incompletas, por lo que lo llaman a «no jugar con la buena fe de nuestros tribunales y de la opinión pública».
«Resulta llamativo que el Ministerio Público sostenga que los hechos que está indagando serían de interés público, pero omita justificar a que delito pueden ellos corresponder (…) ¡El Ministerio Público investiga delitos, no hechos de interés público!», expusieron.
De la misma forma, se hace presente que hay una «persecución ideologizada y falta de objetividad», ya que no se podría obviar que la investigación inicia con querellas presentadas por el senador Alejandro Navarro y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). «Francamente en ese verdadero baile de máscaras, todo pareció indicar que el Ministerio Público era el coadyuvante del querellante Sr. Jadue y no el Sr. Jadue coadyuvante del Ministerio Público».
Los cuestionamientos
Tras conocerse la exposición de los abogados, el senador Alejandro Navarro no tardó en reaccionar. El parlamentario les consultó qué es lo que esconden al país.
En video: Reacciones del ministro Bellolio en punto de prensa
