Un grupo de 39 países, entre ellos potencias occidentales y sus aliados, se unieron en las Naciones Unidas para denunciar la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
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El grupo, integrado entre otros por Alemania, España, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, señaló estar “gravemente preocupado por la existencia de una gran red de campamentos de reeducación política donde hay informes creíbles que indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente”.
Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, estos países llamaron la atención sobre un cada vez mayor número de denuncias de “graves violaciones de los derechos humanos” y sobre las “severas restricciones” a las que se enfrentan los musulmanes de la minoría uigur.
“Una vigilancia generalizada sigue centrándose sobre los uigures y otras minorías y están apareciendo más informaciones de trabajos forzados y contracepción forzosa, incluidas esterilizaciones”, expresa la declaración.
Por ello, pidieron que observadores independientes, incluyendo la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puedan entrar a China para verificar la situación en Xinjiang.
Sin embargo, las naciones latinoamericanas no se hicieron presentes en esta solicitud y sólo dos firmaron la carta: Honduras y Haití.
