El 13° Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva como medida cautelar a los tres carabineros formalizados, dos por los delitos de torturas y uno por apremios ilegítimos, ocurridos durante el estallido social en el calabozo de la 43° Comisaría de Peñalolén.
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Según relató la Fiscalía cuatro de las víctimas eran menores de edad y fueron duramente golpeadas, mientras que a uno de ellos se le aplicó polvo lacrimógeno en su rostro en reiteradas oportunidades mientras estaba esposado.
El fiscal Miguel Ángel Orellana, jefe de Fiscalía de Peñalolén Macul, solicitó prisión preventiva para los imputados y señaló que las víctimas «estuvieron una hora con los brazos arriba contra la pared«.
De esta forma Sebastián González Faúndez y Juan Leiva Puga, funcionarios de Carabineros imputados por los delitos de torturas, quedaron con prisión preventiva, mientras que Carlos Fuenzalida Gajardo, uniformado imputado por apremios ilegítimos, quedó con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima.
Las medidas fueron tomadas por ser considerados un peligro para la seguridad del Estado y durará los 100 días de la investigación. Cabe recordar que la indagatoria permitió descartar una supuesta crucifixión de las víctimas, aunque sí arrojó los casos de tortura.
