Ecuador, un país de poco más 17 millones de habitantes, registraba hasta este jueves la inscripción de 16 candidatos a la presidencia, muchos de ellos poco conocidos en el país, lo que para analistas revela un sistema político poco funcional.
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De los 16 postulantes, cuatro han sido calificados efectivamente por el Consejo Nacional Electoral. Uno fue descalificado y otros once esperan la revisión de documentos y aguardan respuestas a impugnaciones presentadas por parte de otras agrupaciones políticas.
Las elecciones generales están fijadas para febrero del próximo año, cuando casi 13,1 millones de votantes deberán escoger al sucesor del presidente Lenín Moreno, que debe dejar el poder en mayo de 2021.
Grace Jaramillo, profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá, dijo a The Associated Press que tantos partidos y candidatos “agravan las condiciones de gobernabilidad de cualquier país, pero también quiere decir que los grupos políticos no se han puesto de acuerdo para coincidir en plataformas, programas y políticas públicas y esa es la labor partidista, mediar entre la sociedad y el Estado”.
Añadió que tantos postulantes auspician la informalidad política, la corrupción, la atomización y los consecuentes problemas posteriores para cualquier gobierno que sea elegido.
Entre los candidatos inscritos están el banquero Guillermo Lasso, quien en la última elección perdió con mínimo margen ante Moreno; Andrés Arauz, virtualmente desconocido y quien representa a un grupo de movimientos políticos que dicen representar al expresidente Rafael Correa, y el candidato del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez, entre otros.
El analista político Alejandro Zabala, en declaraciones a AP, expresó que la cantidad de candidatos “no sólo está mal sino que se constituye una verdadera vergüenza en un país del tamaño del nuestro… Esa atomización de los partidos y movimientos políticos se debe a una falla estructural. Tenemos una ley electoral que no sirve, que es obsoleta».
Agregó que esa norma permite a los políticos tener un fondo partidario que se les asigna anualmente para que se mantengan y además el fondo de promoción electoral para que puedan hacer campaña, lo que permite que “los partidos políticos están muy cómodos con esas fuentes de financiamiento y evidentemente no les interesa cambiar estas distorsiones”.
