El viernes 2 de octubre, en un hecho que aún se está investigando, un joven de 16 años fue lanzado al río Mapocho. Las cámaras de seguridad y de testigos, incluyendo un registro del medio TeleSur, dan cuenta como un efectivo de Carabineros empuja al joven, el que termina cayendo al río, teniendo lesiones de gravedad que aún lo mantienen hospitalizado. El hecho fue en primera instancia desmentido por Carabineros, pero luego la misma policía aseguró de que se trató de un accidente al tratar de detener al joven. Las cámaras que debía el portar el Carabinero no eran las oficiales, por lo que fue dado de baja de la institución.
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El joven de 16 años que cayó al río Mapocho pertenece al Liceo de Puente Alto, que es parte del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, de la Universidad Católica Silva Henríquez, por lo que la institución lazó una dura declaración en respuesta a la agresión que sufrió uno de sus estudiantes.
Aquí puedes leer la declaración por joven lanzado al río Mapocho:
«Vemos con preocupación cómo la violencia desmedida de agentes del Estado ha caído con fuerza sobre la juventud, especialmente hacia esa juventud marginada de los derechos sociales por los cuales se ha manifestado el país, aquella que se encuentra estigmatizada por la pobreza, que habita las comunas más precarizadas o que es parte de los liceos públicos donde el derecho a la educación se disputa cotidianamente. Justamente, es la juventud de sectores históricamente vulnerados la que debe ser sujeta de especial protección. Aunque sea doloroso, es importante recordar que el año pasado fue justamente en las comunas de la periferia de la Región Metropolitana y de otras regiones del país, donde se perpetraron los hechos de violencia más crudos de las protestas de Octubre: denuncias por torturas, detenciones ilegales, personas muertas en circunstancias que aún no han sido investigadas, personas heridas producto de la violencia policial, entre otras.
Creemos que lo ocurrido es un hecho que impacta no sólo al estudiante y su familia, sino a toda la comunidad educativa que integra, como el estudiantado de su liceo y el profesorado, quienes además de enfrentarse a todas las dificultades que ha implicado la realización de clases a distancia, ahora deben intentar continuar con su año escolar en medio de un hecho de tal nivel de violencia. Creemos que estas situaciones vulneran el derecho a la educación de la comunidad escolar en su conjunto y de otras comunidades escolares, y que debe ser el Estado quien garantice las condiciones para ejercer este derecho, las cuales no pasan solamente por el acceso a la escuela o al contenido curricular, sino por la generación de un ambiente seguro y libre de violencia donde desarrollarse, tanto dentro como fuera de la escuela; así como la reparación del hecho al estudiante, su familia y comunidad educativa que se ha visto afectada.
Finalmente, nos preocupa que la represión se siga extendiendo, ya que puede configurarse como una forma de pedagogía del dolor que enseñe a la juventud a no manifestarse por las justas demandas y, por ello, como Programa educativo nos ponemos a disposición de la comunidad y creemos que solo la generación de espacios de encuentro, de diálogo social y de discusiones críticas enmarcadas en el respeto a los Derechos Humanos, nos permitirá encontrar salidas a tanto desencuentro y violencia. En un momento donde el eje de la discusión pública está en la posibilidad de cambiar la Constitución, reafirmamos el respeto irrestricto a los Derechos Humanos como pilar fundamental en cualquier sociedad, tal como el Cardenal Silva Henríquez lo enunciaba: “La paz es el fruto de la justicia social y no habrá paz donde no haya justicia y no habrá justicia sin una educación sistemática a amar los derechos de los otros”, comunicaron.
