Amnistía Internacional pide investigación penal contra altos mandos de Carabineros por violaciones a los DDHH tras estallido social

La organización recomendó además "una reforma estructural a la institución de Carabineros, debido a las limitaciones que presenta su naturaleza militar y su estructura orgánica".

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Publimetro Chile
Por Agencia Uno

Amnistía Internacional dio a conocer este miércoles un informe por la situación de Chile tras el estallido social del 18 de octubre, oportunidad en que consideró que la Fiscalía Nacional debe abrir investigaciones penales contra los mandos Carabineros, por su papel en las violaciones de Derechos Humanos cometidas.

De esta manera, entre las conclusiones afirma que “agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019, periodo que se analiza en este informe. Ello porque durante las operaciones infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones. Para restablecer el orden público se asumió como coste necesario el daño a la integridad de las personas”.

Amnistía Internacional consideró que casos como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai "se habrían evitado, si los mandos estratégicos y operativos analizados, hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal, entre otras”,

En este sentido, la organización hizo un llamado a la Fiscalía Nacional a continuar con las investigaciones, y a prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos, "quienes estando en una posición de garante, habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos. Igualmente hace un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicias de las víctimas y sus familias", sostiene.

Si bien no analiza en el informe de manera detallada las posibles responsabilidades de otros actores más allá de Carabineros, considera que “la falta de control ejercida sobre Carabineros por parte de la administración del Presidente Sebastián Piñera, exige que sean también deslindadas todas las responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales hasta el máximo nivel posible, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer, si hubieran obrado con diligencia, la magnitud de las violaciones de derechos humanos, y que tenían la capacidad de evitarlas, y no obstante, no lo hicieron”.

De igual manera, la organización recomendó “una reforma estructural a la institución de Carabineros, debido a las limitaciones que presenta su naturaleza militar y su estructura orgánica, en la línea de la propuesta realizada por la Comisión de Seguridad del Senado chileno a finales de 2019. Este informe evidencia la necesidad de un mayor control de la institución por parte del poder civil, así como cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los Derechos Humanos”.

Por último, la organización consideró que el proceso para elaborar una nueva Constitución acordado en noviembre de 2019 es una oportunidad histórica para abordar las demandas en temas claves de derechos sociales, que fueron la causa de las protestas.

“La Constitución de Chile no protege adecuadamente los derechos humanos, en especial los derechos sociales. Sin estos cambios estructurales para garantizar derechos y superar las brechas de desigualdad en el acceso a derechos como la salud, la educación, la seguridad social y la vivienda, la crisis de derechos humanos en Chile continuará”, agrega.

“La futura Convención Constitucional sea esta 100 por cien electa o mixta (50 por cien electa y 50 por cien compuesta por representantes parlamentarios) debe garantizar una participación representativa e inclusiva de los actores sociales y la ciudadanía, incluidos los municipios, las organizaciones de sociedad civil, las asambleas territoriales y las personas defensoras de derechos humanos. Las autoridades ejecutivas y legislativas deben considerar con detenimiento el uso de cuotas de grupos históricamente marginados, excluidos y discriminados”, enfatiza en el citado informe.

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