La Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesoras y Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y el Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación (Conaech) solicitaron a Michelle Bachelet que intervenga en el plan de retorno gradual a clases presenciales impulsado por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación.
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En una carta enviada a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), las organizaciones sociales calificaron este plan como una medida contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, por lo que le solicitan realice gestiones para que el gobierno suspenda o modifique esta iniciativa administrativa.
Los firmantes explican en la misiva, que, al igual como ocurrió en el mes de abril con los funcionarios públicos, esta decisión, contemplada en el denominado «Plan Paso a Paso», constituye «una grave amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica».
«La medida gubernamental observada es contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, las que ponen especial énfasis en que, las medidas excepcionales que se adopten deben tener como límite el respeto irrestricto de los derechos humanos», precisa el documento.
A juicio de las organizaciones, «el retorno a clases presenciales requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local y su entorno, con sus comunicabilidad y desplazamientos, amén del plan de testeo y trazabilidad».
La misiva enviada a Bachellet fue suscrita por Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; Dafne Concha , presidenta de la Corpade; Miguel Ángel Araneda, presidente de Conaech, y Manuela Gutiérrez, vocera de Cones.
