Se propone como un acto de buena fe, como una fórmula para iniciar una nueva etapa dejando atrás las acusaciones del pasado, pero aún así, una amnistía general para los presos del estallido, la denominada «Primera Línea», no prende lo suficiente en el Senado.
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En las distintas bancadas miran con distancia la medida propuesta por el senador Alejandro Navarro (PRO), a la espera de que se ingrese formalmente. De todas maneras, confirman que lo están analizando. Por ahora, prefieren mantener las discusiones en privado, pero diferentes representantes aseveraron que han tomado contacto con dos impulsores de esta idea: Benito Baranda y Felipe Berríos.
En la Cámara de Diputados, sin embargo, los diputados se mostraron bastante entusiasmados. De hecho, parlamentarios de Convergencia Social presentaron un proyecto de resolución a fin de que se cree una Comisión que analice los casos de quienes están con procesos en curso, se pida al Presidente Piñera desistirse de las querellas por ley de seguridad interior del Estado, y que se revisen las medidas cautelares de prisión preventiva de los imputados.
Como explica Diego Ibáñez (CS), esto urge porque “vemos que son cientos los manifestantes que, a un año del estallido social, siguen en prisión preventiva. Acá hay motivaciones políticas”.
Desde el PR, en tanto, Marcela Hernado compartió le necesidad de una revisión, por cuanto varios siguen en un “limbo” judicial. “Hay jóvenes detenidos que no deberían estarlo. Eso se debe clarificar”, dijo.
“Hay que clarificar la situación judicial de los detenidos. Pediría que se designe a un defensor penal exclusivo”. Marcela Hernando, Diputada PR.
No a la Primera Línea
En la otra vereda, los representantes oficialistas dudan de la efectividad de la medida. El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) deslizó que hay varios que corresponde que estén presos. “Cuando se cometen delitos opera la justicia. La Ley no es para cumplirla cuando uno quiere. En un Estado de Derecho es la ley la que gobierno. La ley se cumple siempre”, acotó.
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“Algunos no están por lindos en la cárcel, son personas que saquearon, incendiarios”. Gonzalo Fuenzalida, Diputado RN.
Y esa es la visión que prima en el Ejecutivo. Tal como sostuvo el vocero, Jaime Bellolio, “vivimos en una democracia y en una democracia cuando hay un delito el Ministerio Público es el que investiga y sanciona (…) Indultarlos a ellos es simplemente justificar la violencia”.
Y fue más allá: “Estos diputados lo que están haciendo es una señal en favor de la violencia, en favor de la destrucción, lo que es contrario a la democracia”.
