El senador Alejandro Navarro, a pesar de la oposición que ha mostrado el Gobierno ante la idea, persiste en que debe existir una amnistía general para los presos del estallido social. Y por lo mismo, hoy se lo presentará a familiares de detenidos. A juicio, está es la fórmula para recomponer lazos rotos y avanzar en la solución del conflicto. El proyecto debiese ingresar esta semana.
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Persiste en que el Presidente debe abandonar la tesis de la guerra, y de la intervención extranjera. Pero adelanta que se debe comprar si él realmente cree en esos postulados, por que pide que se entregue información respecto de su estado de salud mental.
¿Por qué cree que se hace necesario avanzar en un proyecto como este?
-Queremos dejar atrás procesos que han sido dolorosos. Ha habido violencia, pero se ha ejercido también violencia en contra de miles de jóvenes. Es una ley de amnistía que posibilita que quienes están hoy en las cárceles, procesados por montajes, como ha quedado acreditado permanentemente, por delitos que no van a tener pena de cárcel, queden libres. Porque, por lo demás, están en esa situación por hechos que se dieron en el marco de una lucha donde el Presidente Piñera fue quien dijo que estábamos en guerra. Esto requiere una amnistía general que permita reencausar el proceso en el marco de la institucionalidad de la convención constituyente. Esto le haría bien a Chile y al Gobierno, debería ser respaldada por el Ejecutivo, porque busca traer justicia para los jóvenes que lucharon, que estuvieron en la calle y que dieron la cara.
¿Todos deberían poder acceder a esta amnistía?
-Queremos una amnistía general, incluso para aquellos que pueden estar presos por la comisión de delitos en el marco de las movilizaciones. Lo importante es que esto no vuelva a ocurrir, no queremos violencia. No queremos acción represiva en contra de la ciudadanía que marcha.
Se excluye, eso sí a Carabineros. Las convenciones internacionales son clara en declarar inamnistiables los delitos de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma. Ahí hay una señal política y salida política. Los siete procesos electorales que vienen deben hacerse sin esta herida abierta.
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¿Cómo analiza la postura que ya tomó el Gobierno ante esto?
-La condena de la violencia es clara y categórica, pero hay que señalar que si el Gobierno insiste en la tesis de la guerra, en la tesis de los 600 cubanos chavistas infiltrados, está generando condiciones y un clima de alta sensibilidad social. Queremos tranquilidad, queremos una salida política. Aquí no hay asesinos presos, hay comisión de delitos, pero los delitos se amnistían en tiempos especiales. La señal es que estos delitos que hubieses cometido un sector de los jóvenes presos, es la señal de que es algo que no vamos a tolerar, vamos a condenar. Estamos en una nueva etapa. No queremos que esto se resuelva en tribunales.
¿Cree que sus pares van a apoyar este proyecto?
-El Gobierno tiene tantos frentes abiertos. La debilidad del Gobierno es extrema. Se requiere que la política actúe y que nosotros (el Congreso) resolvamos los proyectos que están a nuestro alcance. No está a nuestro alcance resolver el covid ni su contagio masivo. Escapa a nosotros la vacuna. No está en nuestras manos la reactivación económica. Sí lo está una salida política para el conflicto social.
¿Cómo debiese el Gobierno complementar esta moción, en razón de las víctimas de la represión?
Yo voy a pelear por una glosa en el presupuesto de Salud, para que se garantice la reparación de las víctimas del estallido. Para quienes sufrieron lesiones oculares y la represión de carabineros. Los carabineros heridos, que lamentamos profundamente, se atienden en el hospital institucional. Las víctimas que ellos causaron se atienden en el sistema público que no tiene la capacidad para resolver la gravedad de sus heridas. Las consecuencias que han pagado los comerciantes o civiles, el daño a sus bienes, debiese ser apoyada por el Estado. Eso está al alcance del Presidente. Es voluntad política. Si el Presidente persiste en negar eso, la situación se puede complicar.
Navarro y el rol del Gobierno
¿Qué cree que se esconde tras la postura manifestada por el Ejecutivo?
-Yo he escuchado al Presidente decir que no sabe si hay infiltración venezolana y cubana en los hechos. Creo que el Presidente entra en un ámbito donde su salud mental, que es una preocupación pública, me hace dudar. Una negativa a reconocer la realidad, me hacen dudar de que esté en condiciones. Si esto no lo hacemos ahora, perdemos la oportunidad política. Aquí hay un responsabilidad al haber ignorado a la ciudadanía.
Entendiendo que se viene un año crucial, ¿Insistirá en que La Moneda debe entregar información sobre la salud del Presidente?
-Mi preocupación por la salud mental del Presidente la manifestamos en una carta privada, solicitando conocer información pública al respecto. Ha pasado un largo tiempo y vamos a recurrir de protección y por ley de transparencia. Cualquier ciudadano tiene derecho a saber si la condición física y mental del Mandatario son aptas para seguir gobernando. La insistencia sobre que desconoce si hay infiltración y de que estábamos en un guerra, me hace pensar severamente que el Presidente está en una condición de creer en informes de ciencia ficción, como el de la DINE. Eso introduce un riesgo adicional, porque necesitamos a un presidente centrado en la política y no en la guerra.
¿Eso lo va a presentar?
-Será un recurso de protección en tribunales respecto de la autoridad en que recae la toma de decisiones que afectan y cambian la vida de las personas. Para saber que efectivamente lo está haciendo dentro de las condiciones reales que garanticen el cumplimiento de sus funciones.
¿Qué le genera alarma?
-Hay una larga lista de declaraciones que nos hacen pensar, semanalmente, que el Presidente puede enfrentar problemas de comprensión de la realidad.
