Tanto en el Gobierno como en el Ministerio Público existía la convicción de que los dos imputados por los daños en la estación Pedrero del Metro, que resultó parcialmente incendiada, participaron en los hechos. Sin embargo, el 7º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dijo otra cosa. El martes dictó veredicto absolutorio respecto de Daniel Morales Muñoz y de su sobrino, el menor de edad de iniciales B.E.S.M.
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El juez José Pérez Anker, si bien dio por acreditado que tercera personas «le prendieron fuego a la estación», sostuvo que la prueba rendida «no fue suficiente para determinar la participación» de los imputados. Y justificó: porque hubo un video que supuestamente se obtuvo de la estación pero que se levantó bajo «serios defectos que no permiten darle credibilidad»; y porque funcionarios de la PDI accedieron a esa evidencia sin registrar su intervención en la cadena de custodia. «Eso hace que dichas actuaciones, y lo derivado de aquello, sean ilegales», enfatizó el juez.
De todas formas, para el Ejecutivo, como manifestó el ministro del Interior (S), Juan Francisco Galli, esos registro «demuestran la participación de los acusados en la quema de la estación, más allá de las implicancias jurídicas que se pueden ver en la sentencia». Pero desde la otra vereda, el abogado de los acusados, Rodrigo Román, manifestó lo contrario. Sostuvo que la resolución confirma que todo se trato de «un montaje urdido por la PDI».
«Tenemos convicción de la participación de estas personas en grave desórdenes y en el incendio», Juan Francisco Galli.
El Ministerio Público claramente quedaron disconformes. Están a la espera de que se conozca la sentencia para determinar si se configuran las causales para recurrir y buscar la nulidad del juicio. Consideran que las pruebas son contundentes. A diferencia de las otras indagaciones que lleva la Fiscalía Oriente por hechos similares, donde no se ha identificado presuntos responsables, acá creen que los registros obtenidos sí permiten establecer culpabilidades.
Y de ahí el descontento. Justamente el acceder a registros de lo sucedido es lo que, a juicio de los diferentes persecutores, es lo que ha frenado el avance. O no había cámaras, o en los videos obtenidos no se logra identificar a las personas en cuestión. Por lo mismo, de las indagaciones respecto de las 8 estaciones que resultaron completamente quemadas, sólo hay tres acusados. Esto, por las estaciones San Pablo y La Granja.
En cuanto a otros hechos, por la quema de estación Del Sol hay tres condenados por Ley de Seguridad del Estado y dos formalizados. Están a la espera de procedimiento abreviado; por lo ocurrido en Las Parcelas se registra un imputado en prisión preventiva. Está a la espera de juicio y arriesga 5 años y 1 día de presidio. La audiencia de preparación está fijada para diciembre; y un imputado en prisión preventiva por la quema de la estación San Joaquín.
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Desde la esfera política, la presidenta de RD, Catalina Pérez, pidió responsabilidad. «Creo que es preocupante la forma en que se han dado las investigaciones en relación a las estaciones incendiadas. Sólo ayer conocimos el caso de dos personas que estuvieron un año en prisión preventiva a partir de pruebas que fueron declaradas ilícitas. El Ministerio Público debe abordar con celeridad y seriedad estos casos. Es impresentable que no existan responsables claros de un delito así de grave, pero también lo es que la prisión preventiva se esté convirtiendo en una forma de persecución política a quienes se manifiestan», manifestó.
Ante la consulta de este medio, Metro aseguró que «en el caso específico de Pedrero, se debe esperar la sentencia que informará el tribunal el 10 de noviembre. Con esos antecedentes, como Metro evaluaremos los pasos a seguir. Al mismo tiempo que continuaremos trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público».
«A la fecha hemos interpuesto 93 querellas por los hechos de los cuales Metro ha sido víctima. Esperamos que las investigaciones permitan encontrar y condenar a quienes destruyeron las estaciones que sirven a millones de chilenos», agregaron.
Estaciones totalmente incendiadas
-Los Quillayes: La Fiscalía Metropolitana Oriente está a cargo de las indagatorias. Pese a las diligencias realizadas en esta estación de La Florida, no hay avances en el proceso. No se han detenido sospechosos.
-San José de la Estrella: Situación similar vive este proceso, que a pesar de encontrarse plenamente vigente, no ha conseguido detener a presuntos autores de los hechos.
-Trinidad: Lo mismo ocurre en este caso. Las labores son encabezadas por el fiscal Omar Mérida, y aunque se han realizado pericias, no se han identificado posibles responsables.
-Mirador: Al igual que las otras indagaciones que lleva la Fiscalía Oriente por quema total de estaciones del tren subterráneo, las diligencias no han permitido formalizar a a presuntos autores.
-San Pablo: Indagación en manos de la Fiscalía Centro Norte. Se presentó acusación por el delito de incendio en contra de Daniel Bustos Trabol. Fiscal José Morales pide la pena de 12 años de presidio.
-Protectora de la Infancia: Mismo escenario enfrenta el Ministerio Público respecto de esta estación. No se han identificado responsables, aunque la causa se encuentra vigente.
-Elisa Correa: Las pericias realizadas por la Fiscalía Sur, hasta el momento, no han rendido frutos. No se registran personas detenidas. Parte de las complejidades se basa en los registros.
-La Granja: Fiscalía Sur presentó acusaciones contra dos imputados, hoy en prisión preventiva por ataques a la estación. Fiscal Álex Cortez solicitó 15 años y 1 día por delito de incendio y 3 años por los daños.
