Al 2020, en Chile, la homosexualidad sigue siendo una causal de divorcio culposo. Pero eso podría cambiar. La diputada Maya Fernández (PS) presentó una iniciativa que busca derogar dicha disposición.
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«Es inconcebible que al año 2020 se siga considerando a la homosexualidad como causal de divorcio en la Ley de Matrimonio Civil, poniendo esta orientación al mismo nivel de conductas francamente reprochables como atentar contra la vida o el ejercer violencia contra el cónyuge o algunos de los hijos», sostuvo la diputada.
A juicio de la parlamentaria, «este tipo de discriminación ya no tienen cabida en una sociedad que demanda mayores espacios de respeto e inclusión para todas las expresiones de la diversidad, en particular para las disidencias sexuales de la comunidad LGTBI».
Fernández hace alusión a la Ley de Matrimonio Civil, que contempla tres tipos de divorcio: unilateral, de común acuerdo y culposo. En este último es donde se considera la «conducta homosexual» como una causal para terminar el vínculo, junto a otros motivos que, como indica en su artículo 54, impliquen «una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio que torne intolerable la vida en común».
Dicho articulado deja la homosexualidad contemplada junto a causales como atentado a la vida o maltrato grave contra la integridad física de uno de los cónyuges o los hijos, abandono constante del hogar, alcoholismo y drogadicción, o someter a prostitución al otro cónyuge o a uno de los hijos.
«Si la homosexualidad de uno de los cónyuges resulta ser el motivo para terminar el vínculo, se puede disolver el matrimonio a través del divorcio unilateral o de común acuerdo, que son tipos de divorcio bastante más civilizados y, además, constituyen la mayoría de causas», explicó la parlamentaria.
Homosexualidad en el TC
En julio pasado el TC entró al debate en este asunto. Esto, tras un requerimiento presentado por la magistrada del Juzgado de Familia de Coquimbo, María Antonieta Santibáñez.
Al observar la presentación, el órgano admitió a trámite el recurso que busca que el citado articulo se declare inconstitucional. Se trata de la tercera vez en la historia del organismo que debe revisar el asunto.
