El juez Daniel Urrutia, quien recurrió en febrero pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando que en el país no existiría independencia judicial, se refirió a la sentencia del organismo que encontró responsable al Estado de Chile por la violación a sus garantías de libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad, por no respetar y garantizar dichos derechos.
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El magistrado había sido sancionado por la Corte de Apelaciones de La Serena en 2005, luego de acusar hostigamientos de la Justicia a causa de un trabajo académico realizado en el año 2004. En ese momento, Urrutia comentaba que el Poder Judicial debía reparar la responsabilidad que habría tenido en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Recién el 29 de mayo de 2018, y en cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Corte Suprema dejó sin efecto la sanción impuesta a la víctima.
Juez: la Justicia no cumple con estándares para proteger los DD.HH.
ras conocer el fallo que decretó la responsabilidad internacional del Estado chileno, el juez señaló que la claridad de la sentencia permite «observar que el Poder Judicial aún está al debe de esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos», ya que «nunca puso los recursos necesarios para terminar con los casos que ya llevan más de 30 años de tramitación y esa es una vergüenza que carga”.
Por tal razón, asimismo, el juez aseguró que el Poder Judicial debe «refundarse», pues «no cumple con los estándares necesarios para proteger los derechos humanos de los ciudadanos», y además llamó a avanzar en un modelo de poder del Estado que trascienda de «la estructura colonial que está heredada desde antes de la República y proceder a ser uno plurinacional, promotor de los Derechos Humanos, y que dé garantías a todos y todas”.
