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Como una bomba cayeron los dichos del Presidente Sebastián Piñera -claros para algunos, ambiguos para otros- de ayer muy temprano en el Encuentro de la Industria de la Sofofa.
Hablando sobre la posibilidad de que se concrete un segundo retiro del 10% desde las AFP, el Primer Mandatario indicó que «como Gobierno naturalmente vamos a intentar corregir en el proceso legislativo este resquicio constitucional (que según él llevan a cabo algunos parlamentarios), y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), porque no solamente es una opción, es una obligación», lo que marca un cambio de postura respecto del primer retiro, cuando no se fue a al TC, creado mediante una reforma constitucional que se materializó a través de la Ley Nº 17.284 del 23 de enero de 1970, y que hoy presidida por María Luisa Brahm , quien fue jefa de asesores del Gabinete Presidencial durante «Piñera 1» y encabeza el TC desde el 28 de agosto de 2019.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, Jorge Astudillo, explica qué significa el anuncio presidencial.
«El Presidente puede activar un control preventivo de constitucionalidad. Esto significa que si ello se da, el TC deberá llevar a cabo un examen de constitucionalidad de la norma antes de que ella entre en vigencia. Este requerimiento se puede formular antes de la promulgación de la ley, y en caso alguno después del quinto día hábil del despacho del proyecto. El TC deberá resolver dentro del plazo de diez días contados desde que reciba el requerimiento, a menos de que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de la iniciativa no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido».
La académica de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Camila Troncoso, da cuenta del factor político que hay en el TC.
«El TC no actúa por iniciativa propia, lo hace por petición del Ejecutivo o del Legislativo. Y no hay que olvidar además que los integrantes del TC son designados políticamente, por lo que podría decirse que el actual está cargado hacia el Gobierno. Además, en caso de empate dirime el presidente, en este caso, una exfuncionaria del primer Gobierno de Sebastián Piñera. Creo que si les llega la petición presidencial debería ser resuelta con rapidez, no más allá de 15 días, por el alto interés público que genera. Hace poco se informó que el TC tardaba mucho en sus resoluciones, pero sería impresentable que en este tema se alargara en exceso. Por eso pensar en una respuesta para marzo sería algo muy improbable».
Desde un punto de vista político, el profesor Marco Moreno, de la Universidad Central, dice que «el anuncio de ir al TC no es la mejor forma de enfrentar los problemas de gobernalidad, pues esto va a crispar más el ambiente político e incrementar las movilizaciones. El Gobierno actúa para el 20% del Rechazo y para tratar de rescatar a seguidores normales de la centroderecha para las elecciones de 2021. Es un cálculo electoral muy arriesgado. Incluso, ir al TC pudo ser una exigencia del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para no irse. Pero sería mejor centrarse en resolver los problemas del país. Lo del TC asoma como una estrategia errada, considerando que para el primer retiro no se fue. Y es claro que el segundo proyecto tiene tanto o más apoyo parlamentario que el inicial».
