El Séptimo Juzgado Civil De Santiago ordenó al Estado a pagar una suma 3.791 millones 500 mil pesos a los familiares de la víctimas del incendio de la cárcel de San Miguel ocurrido en 2010.
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Por el concepto de daño moral, la jueza Carolina Ramírez acogió 90 demandas y determinando que los montos de la compensación, según dio a conocer La Tercera.
El fallo establece que «la administración no observó el patrón de conducta que se esperaba, pues ni aun la precariedad que el servicio poseía -o posee- justifica las omisiones en que incurrió, todas ellas constitutivas de falta de servicio».
Casos emblemáticos
Entre los casos que destacan en el fallo, está el de Bastián Arriagada, un joven que estaba detenido ese 8 de diciembre de 2010 por no haber pagado la multa tras ser sorprendido vendiendo CDs piratas en la calle. La magistrada acogió la demanda su familia y ordenó el pago de $45 millones.
Otro caso, es el de Óscar Arteaga, un joven que le faltaban un par de semanas para salir en libertad por no haber pagado una multa.
Dichos casos, según el fallo, «gráfica el impacto que ha generado en ellas (la familia) la pérdida de uno de los integrantes del grupo familiar, sentimiento en el que cobra relevancia -especialmente para la madre – el hecho de que la privación de libertad de Arteaga Quicham se haya producido por el no pago de una multa, que tan solo le haya faltado una semana para recuperar su libertad y que, además, aquélla privación se haya originado -de acuerdo al relato de las actoras- por la concurrencia de un conjunto de circunstancias desafortunadas».
