Esta mañana el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a los ochos detenidos por las amenazas de muerte en contra de la fiscal Ximena Chong, tras la formalización del carabinero que lanzó a un menor de edad al Río Mapocho.
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Y sus declaraciones levantaron polvo, porque la autoridad descartó que se los aprehendidos formen una una organización mayor de ultraderecha, y solicitó esperar a que se lleven adelante las investigaciones respectivas; pero además sostuvo que «por lo que se vio, los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esa subametralladora UZI que es un arma prohibida».
Esta última frase desató la polémica en redes sociales, además de los cuestionamientos de otros personeros políticos.
De esta forma, de forma posterior, Galli salió a aclarar sus aseveraciones. «Esas amenazas son graves, condenables y afectan seriamente el estado de Derecho» y explicó que el concepto de «utensilios» fue para «distinguir entre la gravedad de un arma de fuego y de aquellos otros elementos como cascos que asimilaban cascos balísticos o armas a fogueo que, claramente, son de menor gravedad».
Galli anuncia querella
Por otro lado, el subsecretario del Interior, informó que «como GHobierno hemos decidido iniciar acciones legales, presentar una querella criminal por Ley de Control de Armas en contra del poseedor de esta arma de fuego; con penas que son las más altas de nuestro ordenamiento jurídico que van de 3 años y un día a 10 años de prisión para aquellas personas que sean responsables de tener o utilizar armas de fuego prohibidas en nuestro país, como fueron las detectadas en la detención del día de ayer».
