Registro de pedófilos y condenados por violencia de género: gobernador de Brasil se opone apelando al "derecho a la privacidad"

Gobernador de Matto Grosso alega que la publicación del registro atenta contra algunos detechos legales de los acusados de los delitos.

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Publimetro Chile
Por Publimetro

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil conocerá de una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el gobernador del Estado de Mato Grosso, que impugna la creación de un registro de pedófilos y de condenados por violencia contra las mujeres.

El gobernador del Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, demandó al Tribunal Supremo Federal (STF) contra las leyes estatales 10.315 / 2015 y 10.915 / 2019, que crearon, respectivamente, el registro estatal de pedófilos y la lista de personas condenadas por un delito de violencia contra la mujer practicada en dicho Estado.

En la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 6620, Mendes sostiene que las normas estatales crean un nuevo efecto de condena penal, además de los ya previstos en el Código Penal y otras leyes penales, según revela el sitio Diario Constitucional.

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El brasileño participó junto a un amigo, Ricardo Falco, en la violación de una chica albanesa que estaba celebrando en un conocido local su 23 cumpleaños.

Viola la función resocializadora de la sentencia y la dignidad humana

Según el gobernador, sólo la ley federal, aprobada por el Congreso Nacional, con la sanción del Presidente de la República, puede legislar en materia penal (artículo 22, inciso I, de la Constitución Federal).

Según la autoridad estadual, las leyes estatales, de iniciativa parlamentaria, al imponer la creación de listas a la Secretaría de Seguridad Pública, también enfrentan la competencia privada del titular del Ejecutivo local para proponer leyes constitucionales o reformas que prevean la creación y atribuciones de órganos y entidades del Estado de administración pública estatal.

Finalmente, el requirente alega que la publicación de fotos, datos personales y procesales de esa persona en Internet viola la función resocializadora de la sentencia, la dignidad de la persona humana y el derecho a la imagen, honor y privacidad del condenado.

 

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