Hace exactamente un año, Cristián Báez, líder del movimiento social y político afrochileno, advertía ante la OEA sobre una situación que hoy siente que se está materializando: lo más probable es que el pueblo originario al que representa no tenga un escaño reservado en la Convención Constitucional. Esto, porque la indicación que así lo establece en el proyecto de reforma que fijará cupos especiales para representantes indígenas, no cuenta con los votos necesarios.
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“Es como la crónica de una muerte anunciada. Sabemos que los votos de la derecha no los tenemos”, dijo en conversación con Publimetro, y aseguró que la discusión que se dio al respecto en el Senado y en la Comisión Mixta, fue “de muy bajo nivel”, porque no estuvo en los marcos del Derecho. La situación, aseguró, viene a ratificar que en Chile por años se ha querido invisibilizar el aporte de los afrodescendientes.
Para Baez no hay doble lectura: es un tema racial. “Es el racismo estructural lo que está detrás. El Gobierno decía que no hay estudios, pero a los changos si se les incluyó dentro de los escaños. Entonces acá hay una discriminación arbitraria”, sostuvo.
Aunque considera que el problema es estructural, creen que el gobierno de turno miente, sobre todo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, a quien acusa de dar “declaraciones y argumentos infundados” en el marco de la discusión. Por lo mismo, durante la tarde de ayer, el movimiento hizo llegar a los diputados una misiva donde detallan las inconsistencias que observaron en el debate.
En esa línea, hacen referencia a que hay normativa clara donde se les reconoce: el 16 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial la ley que “otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno”. Agregan, además, que el convenio 169 de la OIT, que Chile ratificó, establece que se entenderá como pueblo originario o tribal a aquel grupo preexistentes al estado nación. Esos argumentos, para Báez, bastan para sostener que sí les corresponde un cupo.
Pese a eso, están poco esperanzados y desde ya trabajan en una arremetida. En paralelo al requerimiento que presentarían diputados de oposición ante el TC si la norma se rechaza, presentarán un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y si ahí no prospera, en la Suprema. También recurrirán a la Comisión Interamericana de DDHH y nuevamente ante la OEA.
