¿Se imagina que le pidieran devolver el dinero que retiró de las AFP? Sería, a lo menos, un caos. Eso no estaba en las reglas del juego cuando millones de cotizantes accedieron a sus fondos para paliar la crisis, pero es uno de los escenarios más catastróficos que prevén abogados constitucionalistas tras el fallo del TC que acogió el requerimiento del Gobierno contra el proyecto opositor de reforma para el segundo 10%.
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Y es que a juicio de expertos y parlamentarios, es tal la incertidumbre que genera la decisión del órgano liderado por María Luisa Brahm, que se podrían establecer miles de teorías y escenarios posibles. “A gusto del consumidor”.
Por ejemplo, y en la misma línea del diputado DC Matías Walker, el abogado Tomás Jordán comentó a este medio que si se sigue la lógica del TC, el primer proyecto de retiro que impulsó la oposición y que promulgó el Presidente Sebastián Piñera, sería inconstitucional, por lo que planteó que la única manera de que se eviten efectos adversos, es que en la sentencia que deberá emitir el tribunal en siete días hábiles más “hagan una distinción muy fina que diferencie la norma constitucional vigente de la impugnada, porque los textos son iguales”.
Si eso no ocurre, Jordán cree que las AFP perfectamente podrían poner reparos a quienes en los próximos días o meses retiren su primer 10%, amparados en que la ley que lo permite es idéntica a la declarada ilegal. Asimismo, comentó que una administradora podría demandar al Estado, porque se afectaron sus giros de manera contraria a la Constitución.
“Las consecuencias jurídicas son imposibles de prever, porque no faltará un abogado o abogada que proponga una tesis en tribunales y en una de esas, vuela”, subrayó.
Jaime Bassa, también constitucionalista y cercano al Frente Amplio, analiza la situación desde otra perspectiva. Coincidió en que la sentencia del TC genera consecuencias no deseadas, pero aseguró que tiene efectos particulares y sólo afecta ese intento de normativa.
“Lo que hace esta decisión es generar un problema para el sistema, precisamente porque deja en evidencia que se toman decisiones políticas, porque jurídicamente no hay diferencias” que expliquen por qué un proyecto de reforma es inconstitucional y otro que es evidentemente similar, no lo es, explicó.
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¿Qué hacer entonces? A su juicio, analizar cambios a futuro. “Es muy importante regular con mayor claridad cuál es el tipo de conflictos constitucionales que pueden ser sometidos al tribunal, si es que tenemos esa figura con la nueva Constitución”, comentó.
Otros proyectos que tambalean
Aunque varios constitucionalistas son claros al decir que un fallo del TC sólo afecta la norma impugnada, para La Moneda y parlamentarios lo decidido en torno al 10% tendrá repercusiones en otras materias.
“No era el único proyecto, sino que había 12 o 13 que usaban este mismo mecanismo (cambios transitorios en la Constitución). Era necesario poner las cosas en su lugar y determinar cuál es la forma de hacer este tipo de indicaciones”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Bajo esa mirada, en la oposición están seguros de que Palacio frenará como sea proyectos como el impuesto a los “súper ricos”, el retiro del 10% para quienes tienen rentas vitalicias e incluso un tercer retiro de fondos de las AFP.
Cámara revisará con lupa el texto legal
Alta expectación existe en la Cámara de Diputados frente al texto que entregará el TC la próxima semana y en el cual argumentará, en detalle, porqué la reforma constitucional que aprobaron con amplia mayoría es ilegal.
Y así lo manifestó el presidente de la Corporación al ser consultado respecto de si la resolución cambiará o no la forma de tramitar este tipo de mociones. “Una vez que lo tengamos (el fallo) podremos determinar si esto genera un precedente o no, ya que no estamos trabajando en base a supuestos”, dijo Diego Paulsen (RN) y añadió que “lamentablemente para el trabajo” de la Cámara, ganó la posición del Ejecutivo.
Sus declaraciones se dan luego de que la bancada DC solicitara una sesión especial para analizar los efectos de la resolución. Como explicó Daniel Verdessi, líder de los DC en la Cámara Baja, “se establece una peligrosa inseguridad jurídica, afectándose, además, las facultades del Congreso”. En la misma línea, Matías Walker, agregó que la decisión “hace depender cualquier reforma constitucional de la firma de un Presidente que está con un 7% de aprobación”.
