La nueva ley que prohíbe a los colegios negar la matrícula a los alumnos morosos e impide a los establecimientos desvincular en 2021 a los estudiantes con deudas representó otro duro golpe para la enseñanza privada tras un largo periodo de crisis sanitaria en que -al igual que otros sectores del país-, se resintió severamente en su generación de recursos. “La promulgación de la ley 21290 posiciona a los colegios privados sin subvención del Estado en una situación aún más compleja de la que hemos vivido durante todo el año”, plantea Karina Bottinelli Thomassen, presidenta de la Asociación Gremial de Jardines Infantiles y Colegios Privados (Agiep).
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La dirigenta sostiene que “para los colegios privados la comunidad educativa es muy relevante. Por ello, durante el año ya se ha realizado acuerdos de pago con los apoderados con dificultades económicas, asegurando la continuidad de los estudiantes. Y esto ha significado mermas relevantes en los ingresos, además de ser muy pocos los que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, por cuidado hacia cada miembro de su comunidad. Esto significa que tampoco han podido bajar los costos de remuneraciones del colegio, que corresponden a más del 75% de los costos totales”.
Más allá de la diversa dimensión de cada establecimiento, la situación es bastante similar. «Tenemos colegios en nuestra Asociación que presentan hasta un 50% de morosidad. Teniendo en cuenta que el ingreso total del colegio es por colegiaturas y dado el antecedente expuesto sobre los costos de remuneraciones, son colegios que no están pudiendo pagar sus obligaciones. Se espera, entonces, que en estos meses de verano los apoderados puedan hacer los esfuerzos de ponerse al día en lo que sea posible y repactar el resto, de modo de asegurar el futuro en el colegio, ya que no sería posible continuar para el próximo año con ese nivel de impago”.
Anuncian encuentro digital sobre la nueva ley
A la vista de la reanudación de clases propuesta para marzo de 2021 por el Mineduc, Botinelli considera que «en estas ocasiones es cuando la comunidad educativa debe trabajar unida. Los colegios privados funcionan de ese modo, con un proyecto que une a apoderados, profesores y asistentes de la educación con una convicción común. Sobre todo los pequeños colegios se construyen con la participación y aporte de todos”.
La Agrupación de Jardines Infantiles y Colegios Privados cree, asimismo, que «esta ley podría hacernos malinterpretar las obligaciones que tienen tanto apoderados para asegurar la formación de sus hijos como los colegios en cuanto a acoger reales dificultades económicas familiares. Hoy la ley nos obliga a generar más flexibilidad de pago de la ya realizada, lo que pone a ciertos colegios en situación económica muy riesgosa. Esto es preocupante para la familia que opta por nuestros proyectos educativos pensando en la continuidad de ellos en el tiempo. Se debe tener en cuenta, además, que el 2021 será un año de desafíos en la implementación de nuevos cambios para lograr remontar lo que no fue alcanzado durante el 2020. Ello requerirá de recursos económicos para equipos de personas capacitadas, motivadas e inversión nueva a realizar”.
En su afán de contribuir al debate, armonizar los diferentes intereses en juego y, fundamentalmente, contribuir a la calidad de la educación, Giep organizó para este martes 29 a las 15:30 hors a un conversatorio virtual donde el abogado Roberto Cuéllar explicará los alcances de la citada ley. Las inscripciones se realizan previamente a al correo electrónico a.g.colegiosyjardines@gmail.com.
