En fallo unánime de sus diez miembros, el pleno del Tribunal Constitucional acogió a trámite y declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados del Frente Amplio en contra de la Ley de Migración y Extranjería que ya fue aprobada por el Congreso.
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El TC dio un plazo de cinco días al Presidente de la República, Senado y Cámara de Diputados para que se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requirentes.
Junto a lo anterior, el TC acordó decretar audiencia pública para el lunes 18 de enero de 2021, de 12:00 a 14:00 horas, por vía remota. Quienes soliciten ser oídos tendrán plazo para formular la petición respectiva hasta el viernes 15 de enero de 2021, a las 14:00 horas.
La ley fue aprobada el 3 de diciembre pasado en el Senado por 38 votos a favor y 2 en contra. La Cámara de Diputados ya la había aprobado en la jornada anterior, ocasión en que el Frente Amplio hizo reserva de constitucionalidad.
Lo mismo hizo el senador Juan Ignacio Latorre con respecto a algunos artículos, pues a su juicio contravienen principios básicos, entre otros, la convención sobre derechos del niño, o de los trabajadores migrantes
Por su parte, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, aseguró que existe una contravención a lo expresado en la carta fundamental, y que el texto iría en contra de los derechos de niños, niñas, adolescentes y trabajadores.
Según Pérez, existe una falta grave en el hecho de que el artículo 132 del proyecto de ley no garantice el derecho de menores no acompañados “y los exponga a ser expulsados del territorio nacional y rechazados en la frontera”, así como tampoco asegura el derecho a reunificación familiar, “infringiendo de esta manera el artículo 19, número 1, 3 y 7, letra C de la Constitución”.
