ONU: policía peruana "hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza" en protestas de noviembre

Informe de la ONU asegura que agentes dispararon perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes.

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Publimetro Chile
Por Publimetro.

A través de su oficina de Derechos Humanos, la ONU aseguró que la policía de Perú "hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020".

La oficina del Alto Comisionado en DD.HH. que encabeza la expresidenta Michelle Bachelet emitió un informe que es fruto de una misión que realizó la entidad en Lima entre el 17 y el 22 de noviembre, a invitación del gobierno peruano. Así, recabaron información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino, así como para expresar otros motivos de descontento social.

Entre sus principales hallazgos, el informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.

Se afirma que los agentes dispararon perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas.

 

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El mandatario aseguró que "merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes", además que "es imprescindible cerrar esta herida".

"El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales", comentó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Bachelet señaló que, potencialmente, la fuerza letal solo podría usarse contra personas específicas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. También destacó que las armas menos letales deben ser empleadas según requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, en situaciones donde las medidas menos dañinas son claramente ineficaces para enfrentar la amenaza.

Otra preocupación identificada en el informe es que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron arrestos, en contravención de las normas internacionales.

Además, víctimas señalaron a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que no tuvieron acceso a asistencia legal, y que algunas de estas personas fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias. Teniendo en cuenta tales violaciones del derecho al debido proceso, entre otros factores, el informe concluye que hubo casos de personas detenidas arbitrariamente.

Varias personas entrevistadas describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19. Diez detenidos relataron a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos, lo que podría constituir tortura o malos tratos. La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.

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