La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este jueves los «constantes y crecientes ataques» que sufren organizaciones de la sociedad civil, defensores de los Derechos Humanos y periodistas en Venezuela, motivo de «profunda preocupación» para el organismo.
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Según la portavoz de la Oficina de la ONU, Marta Hurtado, el último incidente de estas características tuvo lugar el 12 de enero en el estado de Zulia. Tal y como ha explicado, oficiales de Contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo.
Como consecuencia, se incautaron de «documentos» y seis empleados de la ONG fueron arrestados. Hasta el momento, cinco de ellos permanecen detenidos y no han podido ver a sus abogados ni a sus familiares.
Allanamientos
«Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior», ha explicado Hurtado, matizando que los estados no deberían imponer restricciones «indebidas» a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales.
«Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal», ha agregado.
Por otro lado, al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal.
Hurtado ha detallado que estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones «deslegitimando» a los medios de comunicación. «Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo», ha lamentado.
Así, la Oficina de la ONU ha instado a las autoridades venezolanas a que «dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de Derechos Humanos o en los medios de comunicación». «Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida», ha remachado.
