El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha promulgado este jueves la ley de legalización y despenalización del aborto en el país, aprobada a finales de diciembre.
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Durante el acto de promulgación, Fernández ha destacado que es un «día de alegría» porque ha cumplido «su palabra» para que se votara la ley, que fue parte de las promesas que hizo en campaña electoral, según informa la agencia de noticias Télam.
«Es un día de felicidad para todos y todas porque estamos haciendo una sociedad un poco más justa», ha celebrado Fernández en un acto en el que ha estado acompañado de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García, entre otros.
Víctima de desigualdad
«Las mujeres son las primeras víctimas de esa desigualdad, pero muchos hombres nos sentimos mal conviviendo con la desigualdad, por eso, hoy estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad sea más igual», ha recalcado.
La ley permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Hasta ahora, en Argentina eran legales las interrupciones del embarazo en casos de violación o que pusieran en peligro la salud de la mujer. Fuera de esta lista de causales, el resto de abortos eran un delito penado con la cárcel.
Con la nueva ley, las mujeres argentinas de más de 16 años podrán abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito.
Simplemente da la opción de elegir
El presidente Fernández ha apuntado que la nueva legislación «aumenta la capacidad de decidir», puesto que, «lejos de lo que muchos piensan», las mujeres, independientemente de su decisión, contarán con el apoyo del Estado.
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Con esta ley, señala, «si alguna mujer dudó en ser madre por los costos que significan darle cuidado y alimento en los primeros años de vida a su hija, ese dilema lo terminamos» y aquellas que «no quieren seguir adelante, el Estado va a estar para darle la salud que la clandestinidad no ofrece».
En referencia a uno de los aspectos más polémicos del proyecto, la objeción de conciencia por parte del personal médico, la ley obliga a todos los hospitales a tener un médico que esté dispuesto a practicar un aborto y a practicarlo en un plazo de diez días tras la solicitud.
«La batalla por la igualdad no termina aquí, se va a terminar cuando en el trabajo las mujeres tengan las mismas posibilidades, que no haya discriminación de ingresos o que corra riesgo de perder el trabajo por quedar embarazada; pero empezamos a hacerlo y por eso tenemos que celebrar», ha cerrado Fernández.
