La ley del aborto entra en vigor el domingo en Argentina bajo la atenta mirada del movimientos feminista y de las autoridades, quienes se comprometen a garantizar su aplicación integral ante el rechazo que ha generado entre sectores conservadores.
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“Empieza otro trabajo enorme por delante”, dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, al reconocer días atrás a corresponsales que una vez que la norma está vigente el gobierno deberá sortear los obstáculos que con seguridad se sucederán para evitar su efectiva implementación en todo el país.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue aprobada en el Senado el 30 de diciembre luego de ser avalada por la Cámara de Diputados contempla la posibilidad de abortar de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar» hasta la semana 14 en el sistema de salud en un plazo máximo de diez días desde que lo solicita. Más allá de las 14 semanas está permitido si la gestación fuera producto de una violación, mediante declaración jurada presentada ante el personal de salud, o si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada.
Alcorta señaló que el Ministerio de Salud ha realizado una gran compra del abortivo misoprostol “para repartir en todas las provincias”. La ministra reconoció que se esperan demandas judiciales desde sectores antiabortistas de provincias conservadoras o la posible renuencia de ciertos actores de la salud -como los privados- para llevar a cabo la práctica.
La Iglesia Católica argentina ha manifestado su rechazo a la norma. El Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia son varias de las organizaciones que instaron a resistirla al considerar que “la Constitución y los Tratados Internacionales con rango constitucional protegen la vida del niño desde la concepción”.
Gómez Alcorta indicó que estará a disposición un número telefónico “para los que no puedan acceder al aborto se comuniquen».
Aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán derivar a un centro que realice la prestación. Asimismo, será reprimido con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, cualquier funcionario público o autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector (centro, institución) o personal de salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
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La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por cientos de organizaciones que se movilizaron durante años, afirmó que la lucha “con nuestros pañuelos verdes y la militancia sostenida en cada lugar donde hubo que dar el debate continuará con el seguimiento del cumplimiento de esta ley”.
“Confiamos en las redes feministas que construimos durante décadas”, dijo a The Associated Press Laura Salomé, una de las integrantes del movimiento.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y Socorristas en Red son algunas de las agrupaciones “que articulan con el Estado para garantizar que el acceso al derecho a la salud sea una realidad”, sostuvo Salomé.
Las únicas interrupciones del embarazo no punibles contempladas por la antigua normativa eran las ocurridas a causa de una violación o por riesgo de la salud integral de la madre y hasta la semana 12 de gestación, pero muchas veces no se realizaban en las provincias más conservadoras. En esas jurisdicciones ya se están produciendo reacciones en contra de la nueva legislación.
En la provincia norteña de Salta, un juez federal rechazó esta semana una medida cautelar interpuesta, entre otros, por una exlegisladora para que se suspenda la ley al sostener que la inhabilitación de una norma sancionada por el Poder Legislativo excede su competencia.
Según Gómez Alcorta, de ahora en más deberían extinguirse las imputaciones penales que recaen sobre más de 1.500 mujeres y médicos que realizaron abortos. La funcionaria indicó que las personas imputadas detenidas “no son muchas”, aunque no pudo precisar el número.
“El ministerio de Mujeres va a cumplir un liderazgo» para que esas causas se extingan, señaló la funcionaria.
Tamara Grinberg, de 32 años y quien abortó de forma clandestina en 2012, celebró que ahora “una chica puede ir a un hospital a decir ‘quiero abortar’ y tener acompañamiento”.
Cuando ella abortó, los que “daban una mano” eran contados. “Hoy hay muchas más redes de contención y apoyo… hoy se respeta la decisión que (las personas) quieran tomar; cuando yo lo hice, no era respetada mi decisión”.
Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se sumó con la legalización del aborto a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa, la Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca.
Este paso ha motivado que movimientos de mujeres de otros países latinoamericanos reanuden sus campañas para que se garantice el aborto, entre ellos El Salvador, que junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana lo prohíben sin excepciones y lo castigan con la cárcel.
