Rodrigo Román, abogado que representa a la hermana de Francisco Martínez -joven malabarista que fue baleado por un carabinero en Panguipulli- en el marco de la indagación de la muerte del joven, reprochó en duros términos la calificación jurídica que hizo el Ministerio Público de los hechos ocurrido.
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A juicio del querellante, la situación, en ningún caso corresponde a un homicidio simple, delito por el cual se imputó al funcionario Juan González.
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«La correcta calificación jurídica en lo que respecta a la muerte horrorosa del hermano de mi representada se ajusta más bien a la hipótesis del 391 número 1, más no 391 número 2. En ningún caso estaríamos ante un homicidio simple. Ante el derecho internacional esto tiene un sólo nombre: esta es una ejecución extrajudicial», sostuvo, haciendo presente que no por nada esto ha sido interés de la prensa internacional.
Asimismo, hizo presente que las policías no pueden actuar de esa manera, porque así lo indican circulares del propio Ministerio del Interior, argumentó.
«En ningún caso un control de identidad se puede hacer con la pistola en la mano, diciéndolo muy popularmente», acotó.
Román, en el mismo tono, subrayó que cuando cuando la Fiscalía estima que es homicidio simple y no calificado se equivoca, por cuando el último disparo, que según el mismo relato del fiscal fue innecesario, era «alevoso», pues fue directo al corazón.
«Cuando se va a actuar en legítima defensa, o cuando no se tiene el ánimo de matar, normalmente los disparos van hacia las piernas. Acá me llamó mucho la atención que la herida mortal es de arriba hacia abajo», subrayó.