El Presidente Sebastián Piñera habló ayer sobre la crisis migratoria en el norte del país, con epicentro en la localidad fronteriza de Colchane, de la Región de Tarapacá, ubicada junto al poblado boliviano de Pisiga y donde hace una semana arribaron en su mayoría cientos de venezolanos que multiplicaron varias veces la población habitual de ese pueblo nacional, situado sobre los 3.500 metros de altura y cuya situación motivó un artículo de la BBC aparecido durante el fin de semana.
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«Al llegar al Gobierno nos comprometimos a poner en orden nuestra casa en materia de migración, pues ha habido mucho desorden y gente que ingresaba engañada a Chile, a la que le que le prometían un paraíso y no le respetaban los compromisos. Por eso pusimos en marcha una nueva política de migración».
El Primer Mandatario añadió que «queremos ser un país abierto y acogedor con las personas que vienen legalmente, diciendo la verdad y respetando nuestras leyes. Esa es la migración legal, pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, que son los que entran sin decir la verdad, sin cumplir nuestras leyes y sin respetar los principios que hemos establecido. Por eso pronto saldrá la nueva Ley de Migración luego de años de tramitación en el Congreso. Lo de Colchane es un reflejo de la crisis que viven países como Venezuela».
Sebastián Piñera sumó a la normativa legal largamente postergada otros dos elementos de la política nacional sobre este tema: el Plan Frontera Norte Segura y el nuevo Decreto 265, que permite Fuerzas Armadas combatir en las fronteras ilícitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
El abogado experto en temas migratorios y director del Registro Civil entre octubre de 2016 y octubre de 2020, Jorge Álvarez, indicó en referencia a esta problemática que «se debe distinguir entre una situación de crisis humanitaria como la de Colchane, con desplazados, refugiados y muchos niños, en la que hay que actuar con rapidez pues hay vidas en peligro, y el panorama normal de ingreso de migrantes, que implica el derecho del Estado a fijar requisitos de entrada».
El profesional añadió que «hay personas que vienen con sus hijos y nada más, huyendo de crisis políticas, económicas e incluso medioambientales. A ellas hay que apoyarlas con todo el aparato del Estado, pues en caso contrario van a morir. Además, hay tratados internacionales que obligan a ayudar a esta gente, a la que no le va a importar una Ley de Migración pues su desesperación escapa a esa norma y solo buscan sobrevivir. A ellos les aplica un procedimiento administrativo a cargo del Ministerio del Interior, en el que pueden alegar que son refugiados para conseguir la ayuda chilena».
«Lo otro es la política migratoria, en la que Chile está atrasado, a la espera de una nueva ley. Acá ha habido migración desde los inicios de la República, en su mayoría con europeos, pero quedo claro que no estábamos preparados para el fenómeno de los últimos años ni para responder a exigencias humanitarias. No hay que olvidar que los migrantes son un elemento de avance para un país como Chile, pues llegan a cubrir puestos de trabajo que se necesitan y también rejuvenecen a una población que envejece debido a la baja natalidad que hemos ido experimentando».
El abogado señaló que «más de un millón de los habitantes del país, cerca del cinco por ciento del total, son extranjeros, lo que sigue siendo una cifra muy baja en comparación a otros países. E insisto en que hay que distinguir entre un hecho de humanidad como el de Colchane, y la migración habitual regida por normas legales y dentro de la que puede corresponder expulsar a quienes no las cumplan, lo que no se da en el caso de emergencia que hemos visto en los últimos días en Colchane».
