Durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, las cifras de los controles preventivos de identidad han ido al alza. Mientras en 2018 Carabineros y la PDI realizaron 4.453.739 de estas fiscalizaciones, en 2019 fueron 5.116.960 y en 2020 7.064.821. Es decir, en el último año se registró un aumento de un 38% en el número de controles de identidad. Esto, de acuerdo con datos reportados por la Subsecretaría del Interior.
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Este elevado número de controles, sin embargo, no se ha traducido en un alta cifra de detenciones. En 2018, producto de los controles realizados, se detuvo a 98.191 personas con órdenes pendientes, en 2019 a 96.837 y en 2020 a 141.322 personas. Es decir, en promedio, sólo el 2% de los controlados presentaba una orden pendiente.
Y precisamente en ese porcentaje, se sostiene una de las principales críticas al modelo: que es una “pesca de arrastre tremendamente ineficiente”. Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, es uno de los que sostiene esa tesis. Aunque reprocha la medida también por otras razones, a la luz de los números, asevera que implica un “desgaste desproporcionado” para las instituciones policiales.
Misma mirada tiene Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, quien asevera que se trata de “una herramienta de escaso impacto en la investigación criminal”. Considerando que sería relevante para labores propiamente preventivas, agrega que “no ingresa a la esfera de hechos que preocupan al Ministerio Público”. Eso sí, pide que no se confundan con los que estipula el artículo 85 del Código Procesal Penal (que se hacen en base a un indicio), pues asegura que esa sí “es una herramienta muy útil en la persecución criminal”.
Pese a los cuestionamientos, en el Gobierno tienen otra mirada de los resultados que arrojan los controles preventivos de identidad. Como sostiene el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, acá si se ha logrado que se hagan efectivas órdenes pendientes. “Es importante que esta herramienta exista, es valiosa para las policías y su función preventiva. Ha habido un aumento de cerca del 10% de las aprehensiones por parte de Carabineros desde que se estableció”, indica.
¿Pero qué pasa cuando se aplican sesgadamente? El problema de los controles va más allá de las cifras y así lo evidenció un estudio realizado por Mauricio Duce y Ricardo Lillo, donde se da cuenta de que en los controles de Carabineros hay una “discriminación estadística por sexo, nacionalidad y nivel socioeconómico”. Ante ello, Galli expresa que “se debe evaluar y verificar que hayan ejes de control preventivo que sean adecuados y nunca discriminatorios”.
“Hay que saber exactamente dónde, cuándo y a quiénes se están haciendo estos controles, para evitar que sea sesgado”, dice Galli.
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Sin embargo, esa postura no deja conforme a parte de la oposición, que ya ha ingresado un proyecto de ley para derogar la facultad. Por otra parte, la bancada comunista, liderados por Camila Vallejo y Carmen Hertz, ingresó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que interpongan un recurso de protección en favor de menores entre 14 y 18 años y sean excluidos de la disposición.
“Este instrumento está transgrediendo todas las normas del derecho internacional de DD.HH. sobre libertad y seguridad”, Carmen Hertz, Diputada PC.
Frente a Frente
Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior.
“Tomamos el desafío de trabajar con Carabineros en tener mejores datos para hacer un trabajo preventivo muchísimo más eficaz. Eliminar este tipo de controles es una mala solución. Simplemente por el hecho que hayan críticas respecto a su eficacia, la solución no puede ser eliminar el instrumento. Hay que perfeccionarlo. No podemos caer en soluciones simples para problemas que son complejos, que requieren un trabajo en profundidad. Excluir o no a menores de edad dependerá de los datos”.
Eduardo Vergara, Director ejecutivo Chile 21.
“Los controles se hacen donde viven personas de bajos recursos y en el fondo es una decisión política. Hay un intento de que la policía se transforme en un guardián del orden político, por eso hay una reacción distinta ante los camioneros, por ejemplo. Y al mismo tiempo los tienen como una barrera de control social. Se les olvida que han tenido tres años para evaluar el control, pero no lo han hecho porque saben que los resultados son malos y que perderían una de sus herramientas poderosas”.
