A través de un cuestionario que le envió la Fiscalía en diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, se refirió a los hechos ocurridos durante el estallido social. Ahí, aseveró que «había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos«.
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Según dijo, dichas situaciones incluirían «el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y contextos urbanos».
Y ciertamente, esa opinión no cayó bien en el Gobierno. Consultado por lo expuesto por la exmandataria, el vocero Jaime Bellolio aseveró: “en un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son ex presidentes, sino que son los tribunales de justicia”.
Manifestó, asimismo, que «en nuestro país hay un orden democrático y por lo tanto eso está en manos de los fiscales y de los tribunales. Y quiero recordar que fue el propio presidente Piñera quien pidió a la oficina, en que hoy día está la ex presidenta Bachelet, que concurriera a nuestro país e hiciera un informe, así como también solicitó a otros organismos internacionales».
El compromiso del Gobierno
«Hay un compromiso clarísimo: nunca jamás se pueden justificar las violaciones a los DD.HH., ni las que ocurrieron en dictadura en nuestro país, ni las que ocurren en las dictaduras en Latinoamérica ni otras partes del mundo y las que puedan ocurrir en el futuro», insistió el secretario de Estado.
En la misma línea, hizo presente que «ese compromiso en los DD.HH. implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia, y esa justicia en un país democrático la hacen los tribunales y no la hacen otras personas».
