Esta jornada la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó una actualización al Consejo de DD.HH. sobre la situación en más de 50 países del mundo, en el marco del 46º periodo de sesiones de este órgano intergubernamental.
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Y ahí, puso énfasis en la situación que se vive en América Latina, encendiendo las alarmas respecto de «militarización» de la frontera y «uso excesivo de la fuerza» en manifestaciones.
Así, frente al Consejo, Bachelet señaló que «sistemas de seguridad social débiles, desigualdades
estructurales de larga data y la discriminación» han incrementado el impacto del covid-19 en
el continente americano, lo que podría traducirse en una grave crisis socioeconómica y
humanitaria.
Subrayó, en ese sentido, que los derechos económicos y sociales, la impunidad y la corrupción han estado al centro de protestas en países como Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
Recordando que en varios de estos países se ha ejercido un uso excesivo de la fuerza ante las manifestaciones, la Alta Comisionada alentó a los Estados a tomar medidas para evitar que la situación continúe deteriorándose, a proteger las libertades de asociación y de reunión pacífica y a asegurar que las protestas sean gestionadas de acuerdo a las normas de derechos humanos.
Migraciones y abusos contra indígenas
En el marco del flujo migratorio originado en Venezuela, Bachelet consideró especialmente preocupante la militarización de la gestión fronteriza en Ecuador, Perú y Chile, así como información de que «se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección».
También instó a Brasil y otros países de las regiones del Amazonas y del Pantanal a proteger a
los pueblos indígenas y sus territorios ante las industrias extractivas y la agricultura de
monocultivo, destacando que la menor aplicación de leyes ambientales durante la pandemia ha
causado un aumento de actividades como la minería y la tala ilegal.
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“En toda la región me preocupan los continuos ataques -incluyendo asesinatos- contra activistas ambientales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el uso indebido de leyes penales para silenciar las voces críticas”, aseveró la Alta Comisionada.
Los desafíos
Para Bachelet los desafíos como el covid-19, las crisis económicas y la angustia que esto genera en las personas, deben abordarse «fortaleciendo la participación y la rendición de cuentas». En esa línea, subrayó que la protección del espacio cívico y el derecho de todas las personas a la participación generan “resiliencia, prosperidad y paz”.
Durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en Ginebra hasta el 23
de marzo, la Alta Comisionada presentará actualizaciones sobre temas específicos.