Greenpeace Chile valoró el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de rechazar un recurso de protección presentado por el Instituto de Derechos Humanos (INHD), en favor de vecinos de las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua.
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Resaltó que el Poder Judicial brinde protección a la vida de las personas, pero criticó la falta de voluntad política del Gobierno para asegurar el derecho humano al agua y aseguró que el fallo refleja que el acceso al agua es un tema constitucional.
El máximo tribunal del país revocó la sentencia de octubre de 2020 y ordenó a la Seremi de Salud de Valparaíso, y la Gobernación Provincial de Petorca “adoptar todas las medidas necesarias, a fin de asegurar a los recurrentes un abastecimiento de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por persona”.
Vocero de los derechos humanos
Carlos Bellei, abogado y vocero del INDH, dijo que “el agua es vital para la vida y en pandemia ha cobrado mayor relevancia porque es fundamental para evitar el contagio, por eso en 2020 presentamos un recurso de protección para que la gobernación como la Seremi de Salud proveyeran de agua potable en cantidad suficiente y adecuada a las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua”.
El tribunal de alzada de Valparaíso rechazó el recurso, pero la Corte Suprema lo acogió, señalando “que toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”, recordó Belli.
Por su parte Josefina Correa, directora de Greenpeace, señaló que “el fallo de la Corte Suprema recoge una demanda ciudadana transversal y reconoce que en el contexto pandemia el Gobierno ha evadido su responsabilidad de proveer de agua en calidad y cantidades suficientes para enfrentar el riesgo sanitario”.
Agregó que la sentencia “establece que, en virtud de los tratados internacionales, este derecho se encuentra incorporado a nuestro ordenamiento y se entiende ligado de manera esencial a la dignidad. En palabras de la Corte, toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”.
Sin embargo, «creemos que este Gobierno y los tomadores de decisión no han avanzado lo suficiente para proteger el territorio y a la población del riesgo hídrico que supone la gestión chilena del agua, lo que es un claro reflejo de la falta de voluntad política gubernamental para asegurar el derecho humano al agua”, finalizó Correa.
