La semana pasada, tras asociaciones del Poder Judicial pidieron a la Suprema gestionar ante el gobierno que a sus trabajadoras de casa particular les dieran salvoconductos para que ellos pudieran retornar sin inconvenientes al trabajo presencial. Esta idea fue rechazada en las redes sociales e incluso llegó a ser calificada de “narcisista”.
El hecho es que la idea ya no va más.
Este lunes 29 de marzo el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mauricio Olave, dijo que “fue inoportuna pues debimos haber explorado otras salidas y considerar que una parte importante de la población no está inmunizada. Atravesamos por una etapa crítica, con severas restricciones sanitarias. Por ello adherimos a la limitación de los desplazamientos y retiramos la petición, a objeto de no exponer a aquellas personas que ayudan en el cuidado de nuestros niños y niñas, adultos mayores y asistencia en las tareas domésticas cuando no hay redes suficientes de apoyo”.
El presidente de la asociación se reunió esta mañana con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
Conectar con sensibilidades
Además, la asociación presentó un documento en el que señala que “nuestra condición de profesionales al servicio de la ciudadanía nos impone el deber de conectar con aquellas sensibilidades que constituyen los pilares sobre los que se sustenta la sociedad y que avanzan hacia la construcción de un país que hoy se halla en un estado de profunda reflexión sobre su porvenir, en la que todos y todas estamos llamados a contribuir desde sus respectivas posiciones”.
Olave también señaló, según un comunicado que dio a conocer la asociación, que el impasse que se les producirá cuando tengan que volver al trabajo presencial, “podemos resolverlo internamente como hemos hecho en otras oportunidades. Por ahora nos preocupa el cumplimiento de los turnos presenciales que se dispondrán en el contexto del Protocolo de Manejo y Prevención del Covid-19 en tribunales y unidades judiciales consensuado con la Corte Suprema y las medidas que se adopten para retomar la tramitación de las causas cuyas actuaciones no han podido cumplirse como consecuencia de las restricciones sanitarias”.