La justicia australiana dejó hoy visto un recurso de apelación contra la decisión de extraditar a Chile a Adriana Rivas, acusada de participar en la desaparición de siete personas en la década de 1970 bajo el régimen de Augusto Pinochet.
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Aunque dejó pendiente el fallo, la jueza del Tribunal Federal de Australia, Wendy Abraham, tiene como máximo tres meses para emitir su decisión respecto del requerimiento en favor de la chilena (68 años) que hace más de treinta años reside en el país oceánico desempeñándose como niñera y limpiando casas, y que desde febrero de 2019 está recluida en una prisión de Sidney.
Según reveló El Mostrador, Rivas formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la DINA, en donde llegó incluso a ser la secretaria de Manuel Contreras, principal jefe de esta unidad de la policía secreta del régimen de Pinochet, y tuvo una presunta participación en el «secuestro agravado» de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976; como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.
Violación a la Constitución
El abogado defensor Frank Santisi argumentó el recurso de Rivas en la ley chilena de Amnistía, que protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar, hasta el 10 de marzo de 1978.
Según el abogado, tal decreto sigue en vigencia pese a que en los últimos años varios jueces chilenos lo hayan desestimado, pero aún así, de aceptarse la extradición, el gobierno australiano «estaría violando la Constitución chilena».
Por último, Santisi mantiene firme la postura de que Chile no ha probado que su clienta, que niega todos los cargos, haya sido agente de la DINA, ni que haya participado en el secuestro agravado de los miembros del PC, delitos, que afirma el abogado, ya habrían prescrito.
