La fiscalía del Ministerio Público oficializó la apertura de un proceso investigativo por la acción de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), en relación a cinco periodistas que investigaron casos de desfalco en la institución y de violaciones a los Derechos Humanos.
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El caso se suma al del periodista Mauricio Weibel, autor del libro «Traición a la Patria» sobre hechos de corrupción en el Ejército, y cuyas llamadas fueron monitoreadas mediante un engaño de la institución castrense a la Corte de Apelaciones.
Ello llevó a una petición del parlamento para remover al ex-ministro de Defensa, Alberto Espina, del Consejo de Defensa del Estado.
En el nuevo caso de espionaje, un reportaje del medio Ciper, determinó que la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), realizara en enero del año pasado un informe en base a datos del Registro Civil solicitado por la Fiscalía.
En el archivo se detallan correos electrónicos y direcciones IP con las que se requirieron certificados de varios reporteros. Por ejemplo, de Pascale Bonnefoy, corresponsal en nuestro país del New York Times y autora de investigaciones sobre violaciones a los DD.HH; Juan Cristóbal Peña, autor de libros sobre el FPMR como «Los Fusileros»; Santiago Pavlovic, periodista de Informe Especial;
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Danae Fuster, ex periodista de ese programa y Javier Rebolledo, autor de varios libros sobre crímenes del Ejército durante la dictadura.
Los certificados fueron solicitados con IP común, y con correos electrónicos coincidentes, que resultaron ser de funcionarios de la DINE, quienes también solicitaron antecedentes de Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña y Mauricio Weibel.
Otras direcciones IP fueron utilizadas para pedir información de ex miembros del Ejército que denunciaron hechos de corrupción y de los periodistas Pascale Bonnefoy, Santiago Pavlovic y Danae Fuster.
En su reporte, el medio asegura que en el momento en que se hicieron estas solicitudes ante el Registro Civil, estos cinco periodistas se encontraban investigando casos de corrupción militar o violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura.
Universidad denuncia la gravedad de los hechos
El conocimiento del caso tuvo repercusiones y muestras de apoyo a los periodistas afectados. En ese plano, la Universidad Alberto Hurtado, lugar de trabajo de Juan Cristóbal Peña, publicó una declaración en donde aseguran que los hechos revisten de la «mayor gravedad» y esperan que el Ministerio Público pueda completar pronto y de buena manera la investigación.
«Manifestamos nuestro total repudio a las acciones de espionaje desarrolladas por el Ejército de Chile contra nuestro profesor, Juan Cristóbal Peña. Estas acciones, dadas a conocer por CIPER, representan un nuevo asalto a la libertad de expresión y la integridad del trabajo periodístico y de quienes lo practican», agregaron.
